![Asturias se queda como la comunidad que más grava las herencias de padres a hijos](https://s1.ppllstatics.com/elcomercio/www/multimedia/202104/21/media/cortadas/herencia-asturias-U120316792725kgE--1248x770@El%20Comercio-ElComercio.jpg)
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PALOMA LAMADRID
GIJÓN.
Miércoles, 21 de abril 2021, 03:24
Asturias lidera desde hace años la clasificación de las comunidades que grava más las herencias. Pero ahora, con el paso adelante de Castilla y León para eliminar el impuesto de Sucesiones -la propuesta se votará en las Cortes en el pleno del 28 ... de abril-, el Principado se convierte en una isla en la franja norte y se sitúa a gran distancia del resto de comunidades, que en su amplia mayoría bonifican casi por completo o de forma muy ventajosa este tributo cuando las transmisiones son en línea directa. En la región, el mínimo exento para no pagar este tributo está en 300.000 euros. Hasta ahora, Castilla y León ocupaba el segundo lugar en cuanto a mayor presión fiscal por Sucesiones, con un límite de 400.000 euros en las herencias libres de este cargo.
Pero la iniciativa del presidente de dicha región, el popular Alfonso Fernández Mañueco, agranda la brecha entre Asturias y el resto de comunidades. Y, además, por su cercanía, aumenta el riesgo de que los asturianos con mayor patrimonio se planteen trasladar su residencia. En los siguiente escalones están Aragón, con un mínimo exento de 500.000 euros para familiares directos, y la Comunidad Valenciana, donde las bonificaciones de la cuota tributaria oscilan entre el 50% y el 75% en función del grado de parentesco entre los más directos.
Por su parte, Cataluña aplica bonificaciones que van desde el 20% hasta el 99%, en función del vínculo familiar. La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra, reducciones notables que evitan grandes desembolsos a hijos, padres y cónyuges. Y es casi simbólico en Baleares, País Vasco, Murcia, Extremadura y Madrid. Mientras que en Andalucía, Galicia y Cantabria, los herederos no están obligados a tributar por Sucesiones a no ser que perciban cantidades muy elevadas, en el horizonte del millón de euros, tal y como revela el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021 publicado recientemente por el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales.
La decisión de Castilla y León y la reforma fiscal que prepara el Gobierno central han avivado el debate sobre el impuesto de Sucesiones. No obstante, el Principado mantiene su posición inicial. El propio presidente asturiano, Adrián Barbón, señaló, en el pleno del pasado 7 de abril, que «no tiene nada que ver el impuesto de Sucesiones con la continuidad o no de la actividad económica de las empresas; absolutamente nada que ver». Para el socialista, este gravamen no frena la continuidad de las compañías en el territorio asturiano. Es más, recalcó que en la región pagan «en línea directa» este tributo «menos del 1% de los contribuyentes, en torno a 200 personas al año». El mismo argumento esgrimió la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, en la comisión sobre sus competencias que se celebró el pasado miércoles. En concreto, indicó que el Gobierno autonómico no espera «ningún efecto» por la supresión del impuesto en Castilla y León, como no lo hubo cuando Galicia y Cantabria hicieron reformas similares. Además, negó que este tributo en Asturias sea desproporcionado.
No es tan optimista sobre el impacto de mantener la presión fiscal de Sucesiones, mientras que el grueso de comunidades tienden a bajarla, Abel Fernández, vicedecano del Colegio de Economistas de Asturias. «En términos absolutos y con una visión general de todos los impuestos, estamos de la mitad hacia arriba de la tabla y en algunos, como Sucesiones, en cabeza. De modo que estamos desfavorecidos frente a otras comunidades», apunta. De hecho, añade, ya se perciben cambios de residencia para evitar así esta carga fiscal.
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Fernández insta a la Administración regional a preguntarse «si subir los tipos hace que recaudemos más», así como a prestar «un tratamiento más favorable» a las empresas con la reforma fiscal, en forma de exenciones. Así, el riesgo de deslocalizaciones se reduciría y Asturias sería una región más atractiva para aquellos que plantean realizar inversiones.
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