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La decisión del Congreso de tumbar el llamado decreto ómnibus ha puesto fin a la prórroga del descuento del 80% en los peajes eléctricos prevista para este año. Por ello, la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), a la que pertenece Arcelor, denuncia ... que se trata de una medida que impacta directamente en los grandes consumidores industriales, entre ellos la siderurgia. Según sus estimaciones, el fin de esta exención «supondrá un coste de producción adicional superior a los 40 millones de euros anuales» para la industria del acero.
Así, este impacto económico eleva significativamente los costes de las empresas. Para el sector, con un consumo aproximado de 10 TWh, representa un incremento medio de unos cuatro euros por MWh, lo que dificulta notablemente la competitividad de un sector clave para la economía asturiana y española. «Urge reducir la factura eléctrica mediante peajes justos y costes eficientes para fortalecer la competitividad de nuestra industria en un mercado global cada vez más exigente», ha señalado hoy Carola Hermoso, directora general de Unesid.
La asociación de las empresas españolas del acero recuerda además que, actualmente, producir en España supone el doble de costes que en otros países de la Unión Europea como Francia o Alemania.
Por otro lado, la patronal siderúrgica recuerda que la industria ya reclamaba la necesidad de mejoras en el marco del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, un mecanismo que permite aplicar tarifas eléctricas más competitivas a las empresas que más energía consumen, como las de este sector. Dicho estatuto fue diseñado para asegurar una tarifa justa que permita a los grandes consumidores mantener su viabilidad frente a los precios de la electricidad más bajos que se aplican en otros países europeos. «Este marco, que debería garantizar una igualdad de condiciones para las empresas españolas en el contexto europeo, se ve ahora desbordado por la falta de un sistema tarifario estable y justo», apunta Unesid.
Para esta organización, el estatuto es una herramienta «fundamental que debe garantizar que los costes eléctricos estén alineados con los de los competidores europeos». Sin esta garantía, las empresas españolas corren el riesgo de perder competitividad y de «poner en peligro muchos empleos en una industria en la que trabajan más de 60.000 personas».
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La siderurgia, que opera con altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, se enfrenta a «retos cada vez mayores debido a la volatilidad de los mercados eléctricos y a la falta de estabilidad regulatoria». Por ello, Unesid hace un llamamiento al Gobierno para revisar estas decisiones y trabajar en medidas que aseguren un entorno tarifario más equilibrado y predecible para la industria.
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