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«Los elevados costes energéticos que sufre la industria» es, según el BBVA, una de las causas para que este año el crecimiento económico español sea inferior y se quede, según sus previsiones, en un 1,5% frente al 2,4% del ejercicio pasado. El ... impacto será mayor en las regiones más sensibles, aquellas con industrias electrointensivas, como Asturias. A este estudio y a este factor aludió este miércoles la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, en un encuentro con los medios tras haber celebrado este martes el consejo ejecutivo de la federación, el primero del año.
En un momento en el que ArcelorMittal ha paralizado su planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) ante el riesgo de que la competitividad no esté garantizada precisamente por los costes energéticos, Calvo hizo un llamamiento al Principado y al Ejecutivo central para que «se tomen en serio la industria» y reclamó especialmente al Gobierno de Pedro Sánchez que «la proteja». «Otros países están actuando de forma más decidida para protegerla, asegurando precios de la energía competitivos», añadió. «Además de lo que supone en términos de Producto Interior Bruto (PIB) y en empleo, debe ser estratégica, al igual que la agricultura» para evitar la dependencia exterior.
Refiriéndose en concreto a la planta de DRI de ArcelorMittal, la presidenta de Fade no quiso ser «catastrofista». Al contrario, afirmó que «aún hay tiempo de rectificar» y quiso ser «optimista». «Lejos de exigir a la empresa, lo que hay que hacer es abordar en serio los problemas que tiene e intentar solucionarlos». Ahora bien, el temor a que el proyecto no se aborde existe «porque los tiempos son cada vez más cortos y estamos viendo cómo se están tomando decisiones en otros sitios. Hay tiempo de reacción, pero hay que actuar», insistió.
Ahora bien, tener costes energéticos no competitivos no es una cuestión que afecte solo a la siderúrgica. También a «otras muchas industrias», pues «en los últimos años han desaparecido 300 empresas del sector».
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Quiso recordar que «la descarbonización es mandato europeo, pero en otros países se está actuando de manera distinta, de una forma más decidida en la protección de la industria».
El coste energético fue uno los puntos que se abordó en la reunión del consejo ejecutivo de Fade, pero se trataron otros más, como «el intervencionismo desmedido» por parte del Gobierno central, que «está tomando medidas sin consultar a las empresas y que afectan a la libertad empresarial».
María Calvo citó el acuerdo con los sindicatos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral. «Ahora se habla de delimitar los salarios de los directivos e incluso de incluir a los trabajadores en los consejos de administración». Son decisiones, dijo, que «atacan de lleno la libertad empresarial». Por ello, pidió «más impulso, más confianza y respeto a la actividad privada, que es al final la que proporciona los servicios y productos que disfrutamos todos. No se pueden atacar». Sobre el SMI, advirtió del efecto sobre las pymes, que son el 97% del tejido empresarial asturiano. «Hay sectores que no lo pueden asumir». «En Asturias –apuntó–, ya supone el 78% del salario medio».
Por todo ello, en el seno del consejo ejecutivo de Fade, la consideración es que «no se está poniendo a la empresa en el centro de las preocupaciones políticas y se está cargando con determinadas responsabilidades y costes a las empresas que muchas no van a poder asumir. Especialmente, las más pequeñas. Hay que hacer una llamada a los distintos gobiernos: la empresa no puede soportarlo todo, tiene sus dificultades. Hay que hacer una reflexión».
Simplificar la burocracia es otro de los objetivos de Fade desde hace tiempo. Tanto es así que, según explicó María Calvo, ha entregado personalmente un catálogo al presidente y vicepresidenta del Gobierno, Adrián Barbón y Gimena Llamedo, con «procedimientos y reformas legislativas que deben hacerse para lograrlo y fundamentalmente para legislar menos y mejor».
Porque aligerar la norma, insistió, «no significa menos garantías. Implica más actividad», y se mostró favorable a «activar también el uso de la declaración responsable». En definitiva, «tenemos que tener un marco normativo estable y sencillo que todos podamos entender y aplicar con facilidad. La inseguridad no solo añade costo, retrae la inversión».
La delegada de Gobierno en Asturias, Delia Losa, manifestó este miércoles que «el Gobierno de España tiene una implicación total y absoluta en la transición que tiene que hacer ArcelorMittal a través del cambio de modelo energético». Losa –que copresidió la junta local de seguridad de Mieres– quiso destacar que «la compañía ya ha recibido 450 millones de euros, que es la mayor cantidad concedida a una empresa hasta el momento». Y abundó en que «hay una negociación constante y permanente para facilitar ese proceso de transición que tiene que modificar el sistema de producción de Arcelor. La implicación del Gobierno de España, la preocupación y la dedicación son absolutas», declaró sobre la siderúrgica.
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