Industria interviene en la crisis de Arcelor

La preocupación generada a raíz de las últimas advertencias lanzadas por Arcelor sobre sus factorías en Asturias ha llegado también al Ministerio de Industria. El departamento que encabeza Reyes Maroto está «interviniendo con la empresa» para analizar la crisis de la siderúrgica y actuar en consecuencia. Es lo que aseguró ayer la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, quien incidió en que la respuesta por parte del ministerio fue inmediata: «Desde el primer momento hemos recibido llamadas de la Secretaría de Estado de Industria y de la propia ministra».

Los contactos entre el Gobierno central, el Principado y Arcelor «son constantes», según constatan fuentes de la multinacional, pero se han intensificado a lo largo de los últimos meses debido al recorte de 700.000 toneladas anunciado en mayo por la empresa y a las sucesivas paradas que han ido sufriendo algunas de sus instalaciones de Gijón y Avilés. La última, el pasado domingo, con una detención de 24 horas del tren de alambrón. Mañana y el jueves parará también el de chapa y ya entre el 7 y el 11 de octubre lo hará la línea de galvanizado.

La caída de pedidos que sufren las factorías asturianas es constante y la situación es ya «desesperada» en el caso de largos -alambrón y carril-, muy afectada por el aumento de las importaciones de acero extracomunitario, mucho más barato, procedente, en su mayoría, de Turquía y también China. Los productores de estos países no hacen frente a los elevados costes medioambientales implantados en Europa para reducir las emisiones de gases contaminantes y cuentan, además, con costes laborales mucho más reducidos. El precio de la tonelada de CO2 continúa en una escalada particular - ronda ya los 29 euros-y es el responsable de que un 15% de la producción de las plantas asturianas de Arcelor no sea rentable, un porcentaje que se duplicará a partir del próximo año, según las estimaciones de la multinacional.

Son precisamente estos dos factores, el aumento de las importaciones de acero en Europa -consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China- y los costes medioambientales, los que más estragos están causando a la siderúrgica, afectada además por la desaceleración económica de la eurozona, la amenaza del 'Brexit' duro y la inestabilidad política en España, entre otras. El Gobierno central lo sabe y por eso lleva meses insistiendo en el seno de la Unión Europea en la necesidad de implantar un arancel medioambiental. La última vez, la semana pasada, cuando la ministra de Industria, durante su visita a la sesión sobre Mercado Interior e Industria del Consejo de Competitividad de la UE, reclamó la puesta en marcha de este ajuste en frontera para compensar cuanto antes el coste adicional que supone para la industria europea -ya sea con el pago de derechos de emisión o por la inversión en mejoras de las plantas- seguir la normativa comunitaria. «Necesitamos seguir impulsando la descarbonización, pero hemos de garantizar una transición que permita adecuar a nuestras empresas y evitar adoptar medidas que generen desventajas competitivas frente a operadores de terceros países», afirmó entonces la ministra, quien recogía el testigo de Nadia Calviño, ministra de Economía, quien ya había solicitado a sus homólogos comunitarios explorar «con urgencia» esta medida.

El arancel medioambiental es uno de los dos reclamos que Lakshmi Mittal trasladó a Pedro Sánchez durante su reunión en Davos el pasado enero. Fuentes consultadas por este diario señalaron que no se descarta un nuevo encuentro entre el presidente de la siderúrgica y el del Gobierno en un futuro próximo dado el difícil momento por el que atraviesa la compañía. La otra petición trasladada por Mittal pasa por una tarifa eléctrica competitiva, algo que Sánchez confía en conseguir con el estatuto para la industria electrointensiva, que parte con el compromiso de rebajar la factura eléctrica un 20%, pero para aprobarlo deberá ganar las elecciones y formar gobierno. A la espera de que esto suceda, el Ejecutivo central baraja otras opciones más inmediatas que sí podría implantar estando en funciones y que pasan por eliminar peajes y financiar renovables, aunque aún no se han concretado.