Instituciones, partidos, empresarios y sindicatos, todos con la plantilla de Alcoa

La repuesta ha sido unánime y no se ha hecho esperar. Javier Fernández y Alberto Núñez Feijoó se reunirán el próximo viernes, a las cuatro y media de la tarde, en la sede de Presidencia del Principado para analizar la situación y coordinar la respuesta de ambos Gobiernos tras el anuncio de Alcoa de cierre de sus plantas de Avilés y La Coruña. Fernández ha telefoneado esta mañana a las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera para solicitar una reunión con ambas para abordar este asunto. Lo ha hecho después de mostrar esta mañana su frontal rechazo a la decisión de la multinacional y criticar además la «insólita forma de proceder» de la compañía, que hasta ahora no había advertido «por ningún medio» de esta posibilidad.

Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, esta protesta ha sido trasladada a la dirección de la empresa por el propio presidente, quien también se ha puesto en contacto con su homólogo de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo. Además, Javier Fernández ha contactado tanto con el Ministerio de Industria y ha anunciado que convocará a patronal y sindicatos a una reunión para abordar la situación de la industria asturiana.

En este sentido, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Martínez reiteró el «desagrado» del Gobierno ante la decisión de la empresa a la que instó a «reconsiderar» su postura. La decisión es «muy negativa», admitió el portavoz, que señaló que las razones expresadas por la multinacional no justifican la clausura de la factoría.

No han sido los únicos que han expresado el rechazo al cierre de la planta. «Esta es una semana negra» para la industria asturiana. Así se ha referido Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), al anuncio de cierre de Alcoa, aemás del incendio de las baterías de cok en Arcelor. «Parece que será muy difícil revertir la situación» de la multinacional del aluminio, pues «las electrointensivas necesitan escenarios de precios de energía competitivos, estables y predecibles y lo que tenemos es justo lo contrario», explicó Feito.

El Parlamento asturiano promoverá declaración institucional contra el cierre. El presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, ha convocado para mañana una reunión urgente de la Junta de Portavoces con el objetivo de promover esta declaración.

Desde el Partido Popular aseguran que harán todo lo que esté en sus manos para evitar un cierre «que supone un duro golpe para la comarca avilesina y para toda la región». Por ello pide «a las instituciones y agentes sociales el máximo empeño para lograr el mantenimiento de la actividad de la empresa«.

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, afirma que el cierre de la planta asturuina y la gallega supone un «varapalo económico y social para centenares de familias y grandes comarcas de población; son 680 trabajadores que se han quedado sin empleo». «No sé cómo explicará el Gobierno de Pedro Sánchez ante la UE que, de una tacada, se vayan casi 700 personas a casa, sobre todo teniendo en cuenta que la creación de empleo es uno de los grandes objetivos en Europa, pero muy especialmente en España», dijo el diputado.

La Federación Socialista Asturiana ha emitido un comunicado en el que explica que ha recibido con «indignación» la noticia del cierre y exige «de manera clara y rotunda, que suspenda con carácter inmediato el despido colectivo anunciado».

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, ha exigido este miércoles al Gobierno del Principado y a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) que «salgan de la zona de confort y pasen de la retórica a los hechos exigiendo con contundencia la implicación del Gobierno de Pedro Sánchez» y ha mostrado su profundo rechazo ante el anuncio de cierre hecho por la factoría Alcoa.

El coordinador general de IU, Ramón Argüelles, califica de «shock» la noticia del cierre de Alcoa y lo achaca a la «descabornización exprés». «Ya veníamos anunciando desde IU que la descarbonización express iba a acabar con uno de nuestros recursos energéticos, quizás el único el básico, que es el carbón, y que iba a hacer que tanto los hogares más desfavorecidos, como las empresas electrointensivas, iban a pensarse muy bien la factura eléctrica».

Por su parte, Lorena Gil, diputada de Podemos, en una reunión con representantes de CC OO ha subrayado que «estamos muy preocupados por la grave noticia que se confirmaba esta mañana. Una noticia con la que la empresa llevaba amenazando desde hacía tiempo y dando señales en el camino contrario de apostar por mantener la actividad y el empleo. Nos oponemos al cierre y exigimos a Alcoa que dé marcha atrás en su decisión, tras haber contado con un importante apoyo público para mantener su actividad».

UGT considera que alegar causas productivas para justificar el cierre de estas dos plantas de aluminio es una «excusa», que ya fue utilizada por la multinacional americana en el ERE anterior.

La Cámara de Comercio de Avilés ha achacado el anuncio del cierre de la planta de Alcoa Avilés a «la política energética cortoplacista» de los distintos gobiernos de España en los últimos diez años.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, exige a la multinacional que «revierta la situación». En un tono que evidenciaba un profundo malestar con la empresa, la regidora les ha enviado a sus directivos una advertencia: «No nos sirve ninguna otra cosa que no sea la continuidad de la actividad industrial de Alcoa en nuestra comarca». A partir de esa exigencia, aseguró que «vamos a agotar toda nuestra capacidad para revertir las intenciones de la empresa, no solo desde el ámbito de los trabajadores, de la alcaldesa o del pleno municipal, sino también estrechamente con los gobiernos del Principado y de España».

El alcalde de Gozón, el socialista, Jorge Suárez, convocó de manera urgente a la junta de portavoces políticos para informarles sobre el anuncio del cierre de la factoría Alcoa. Según manifestó, «este concejo es el epicentro de los efectos de este anuncio que, sin duda, serán nefastos a todos los niveles, pero especialmente en materia económica. La contribución de la empresa con sede en el concejo, en materia de impuestos es de 1.100.000 euros, que representa un más que grave quebranto económico para unas debilitadas arcas municipales, si se tiene en cuenta que el presupuesto municipal es de 13 millones. Podemos decir ya que, de llevarse a cabo el anuncio, este Ayuntamiento entrará en quiebra».

También criticó la gestión de la empresa de no llevar a cabo inversiones para la renovación de sus instalaciones durante años. «Al margen de los costes energéticos con la que quieren justificar el cese de la actividad, es de tener en cuenta el factor de no haber modernizado su sistema de producción», señaló Suárez. Ante la gravedad del asunto, el alcalde convocó un Pleno extraordinario el viernes, en el que se abordarán las consecuencias económicas y sociales para el concejo.

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