El camino hacia el billón de euros

La historia aún no está escrita, pero el terreno por el que discurrirá el Pacto Verde europeo ya ha comenzado a construirse. Una carrera que España -y por extensión Asturias- no liderará. La semana arrancó bien, con las regiones carboníferas en transición viéndose a la cabeza del pelotón. El subidón de ánimo no era algo subjetivo, bastaba con ceñirse a la literalidad del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans: «Lo que estamos haciendo es enviar un mensaje a los mineros de carbón en Asturias, Macedonia Occidental o Silesia». Él es el encargado de liderar el Pacto Verde y, por ende, por quien han pasado y pasarán el dinero de las ayudas que se destinarán a afrontar la descarbonización. Solo unas horas más tarde, cuando España ya se veía a la cabeza de la carrera, era empujada al pelotón. Las palabras se tradujeron en cifras y, de golpe, el octavo puesto.

El Plan de Inversiones con el que se pretende movilizar un billón de euros de aquí a 2030 trae al primer plano el Mecanismo de Transición Justa (JTF), específico para las regiones afectadas por la transición. Este, que contará con un valor mínimo de 100.000 millones, incorpora un nuevo fondo del que, para el caso de España, saldrán 307 millones de euros sobre un total de 7.500 millones. ¿Mucho o poco? Tan solo hace falta ponerlos en consonancia con otros países como Alemania y Polonia. Rápidamente se comprueba que, mientras la suma de ambas representa un 38%, en el caso español es del 4%. La siguiente pregunta sería: ¿por qué? Y aquí comienza lo inescrutable. España contaba con poner sobre la mesa la hoja de méritos: una reducción del 17,2% en la generación eléctrica a través del carbón en el último año, la consiguiente reducción de emisiones de CO2 -casi un 70%-, el cierre de las térmicas de Lada y Soto de la Barca a la vuelta de la esquina, y una férrea adhesión a la neutralidad climática en 2050 defendido por la Unión Europea, refrendado en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y abanderado en la reciente Cumbre del Clima (COP25) celebrada en Madrid. Del otro lado, el Gobierno polaco, máximo beneficiario con este Mecanismo del Pacto Verde Europeo, ha dejado claro, con sus palabras y sus actos, que su programa legislativo a corto plazo pasa por el carbón: prevén que el 50% de la electricidad se genere por esta vía en 2050. Será inferior al 80% que se consume actualmente, pero muy lejos del objetivo de cero emisiones de carbono fijado para entonces.

Paradójicamente, los criterios no han tenido en cuenta lo realizado hasta ahora sino que se han ceñido a la situación actual. Yendo al detalle, se han ponderado una serie de factores: el nivel de emisiones de gases con efecto invernadero en regiones con alta intensidad de consumo de carbón (49%), el empleo en estos sectores (25%) y el de producción de lignito (25%). Con estos baremos, España pierde. Las 42.768 toneladas de CO2 emitidas no solo quedan muy lejos de las 251.158 de Alemania o las 153.192 de Polonia sino que también son muy inferiores a las de Italia, Francia o República Checa. Con el empleo sucede prácticamente lo mismo: sus 276.000 puestos de trabajo son irrisorios sobre un total de 7 millones. El mensaje que se está lanzando desde Europa, a pesar de las palabras de Timmersmans, es que aquellos que hubieran avanzado en un plan de transición energética son penalizados. El ministerio creado 'ad hoc' para ello se llevó el palazo prácticamente el mismo día que se escenificaba su ascenso a la categoría de vicepresidencia: «Son insuficientes», dijo Teresa Ribera. Desde el Ejecutivo regional, el consejero de Industria, Enrique Fernández, apeló a un incremento de los fondos «porque las necesidades de este país son mayores y porque el trabajo y compromiso que se ha hecho es también mayor».

Aunque los 307 millones son una cantidad adicional a lo contemplado inicialmente en la propuesta de la Comisión Europea para el presupuesto 2021-2027, condicionan el resto de partidas que componen el Mecanismo de Transición Justa. La regla dice que para usar un euro del nuevo fondo debe complementarse con al menos 1,5 euros de las asignaciones de los países en virtud de la política de cohesión -Fondos FEDER y Fondo Social Europeo-; adicionalmente, tienen que estar acompañados por un plan nacional de cofinanciación, habitualmente del mismo volumen económico. No obstante, ese coeficiente multiplicador (1,5) es, precisamente, uno de los puntos con margen de negociación ya que el propio Plan de Inversiones contempla un mínimo de 1,5 euros y un máximo de 3. De hecho, la propia Comisión Europea contempla que la financiación total ascienda a los 50.000 millones de euros. Trasladada la fórmula a cifras, los recursos que, a día de hoy, podría conseguir España serían los resultantes de sumar los referidos 307 millones de euros a los 460,5 (FEDER y FSE) y a otros tantos que saldrían de los presupuestos nacionales. En total, 1.228 millones de un global de 30.719 millones contemplados para todos los países miembros. De nuevo Polonia (27.344 millones) y Alemania (13.387 millones) mantienen ese mismo 38% del total, España el 4%.

Quedaría una partida más. La que se espera movilizar en el marco InvestEU -antiguo Plan Juncker- atrayendo inversiones privadas interesadas en proyectos de descarbonización, y las que procederán del Banco Europeo de Inversiones (BEI) mediante préstamos respaldados por el presupuesto de la UE. Entre uno y otro, privado y público, se estima que se movilicen 70.000 millones de euros, de los que España se beneficiaría en la misma proporción que las partidas anteriores, alcanzando los 3.048 millones de euros.

Calculadora en mano, sumados todos los conceptos, los 'fondos verdes' supondrían para España -para su posterior reparto entre las diferentes regiones afectadas por la descarbonización- una inyección de 4.445 millones sobre un total de 104.589 previstos a día de hoy.

Y mientras, los estados miembros necesitados de esa vía extra de financiación continúan trabajando en los planes de transición, necesarios para acceder a las ayudas. Se trata de programas que identifiquen las necesidades específicas de cada región y aseguren el compromiso de una cofinanciación nacional. Estos deben reflejar las líneas de actuación hasta 2030 con el objetivo de alcanzar una clima neutro en ese plazo.