Braga defiende la «buena fe, rigor y honestidad» de UGT con los fondos de formación

A causa de un proceso judicial abierto «por hechos similares a los que aquí se tratan», Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT en Asturias, decidió no responder ayer a las preguntas de los partidos en la comisión que investiga los cursos de formación que esta semana ha dado comienzo en la Junta General. Pese a ello, el exdirigente sindical sí que presentó un alegato en defensa de su actuación y la del sindicato, «honesta y ceñida a la más estricta transparencia acorde a la normativa vigente».

Su declaración, que fue la última del horario de mañana, se alargó durante casi dos horas y contó con varios momentos de tensión. Sobre todo, cuando el turno de preguntas llegó a los diputados de PP y Podemos, María Gloria García y Daniel Ripa, respectivamente. En ambos casos, ante la lluvia de preguntas relacionadas con los presuntos casos de desvío de fondos públicos, Braga vio «vulnerado» su derecho al honor y pidió en numerosas ocasiones la intervención del presidente de la mesa, Emilio León, de Podemos.

En este sentido, el exdirigente sindical, que acudió acompañado de su abogado, apeló a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 13 de diciembre de 2018, sobre el derecho al honor y, tras varios minutos broncos, el presidente de la comisión paró la sesión para preguntar a los servicios jurídicos de la Cámara sobre este extremo.

Durante su intervención, Braga apuntó a la importancia de los cursos de formación para ampliar las competencias de trabajadores y parados y mostró su confianza en que la comisión parlamentaria sirviese para «detener la negativa leyenda urbana que existe con la gestión de dichos cursos». A su juicio, el sindicato gestionó los fondos públicos con «rigor y buena fe» desde el inicio de la concesión de fondos.

Hacia PP y Podemos, asimismo, se dirigió para recriminarles su «obsesión» por destruir algunas organizaciones sindicales condenándolas «alegremente y sin medir las consecuencias». También subrayó Braga su deseo de seguir colaborando «activamente» en las diligencias judiciales, pero denunció su situación «de total y absoluta indefensión» por la «excesiva indeterminación» de la causa, lo que le impide conocer qué conducta penada se le imputa.

Además de Braga, declararon en la jornada de ayer varias personas vinculadas al sindicato o a la gestión de los fondos formativos. Cargaron de forma especialmente contundente contra el sindicato Pablo Álvarez Fernández -exresponsable de Juventud de MCA-UGT-, Paula Gutiérrez García -exresponsable del departamento de Migraciones- y Olga Blanco Rozada -abogada y extrabajadora de UGT-. El primero de ellos se mostró tajante a la hora de denunciar la «connivencia» entre el sindicato y la FSA para repartirse el «pastel del dinero público entre familiares y amigos».

Álvarez, además, presentó a la comisión el acta de una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de MCA-UGT Asturias, de 2012, en la que se establecía una «modificación de los complementos de los miembros» de dicha comisión para fijar «un salario mínimo de 33.000 euros». Esto, según apuntó, es una muestra de la «falta absoluta de control de las ingentes cantidades de dinero para formación», que eran «fuente inagotable de financiación para las cúpulas».

En esta misma línea se pronunció Paula Gutiérrez, exempleada de UGT y antigua responsable del departamento de Migraciones. En su caso, tampoco dudó en señalar hacia las «actitudes fraudulentas» a las que asistió durante su vinculación laboral con el sindicato. «Se desviaron fondos destinados a migración para pagar gastos estructurales del sindicato como luz, calefacción o el ascensor», explicó. También aludió, al igual que varios declarantes de la jornada del martes, a «coacciones» del sindicato y a su estructura «clientelar y familiar».

En sesión de tarde también participó Olga Blanco Rozada, abogada y extrabajadora de UGT. Según afirmó, lo que ocurría en el sindicato era un «desvío de dinero público, continuado y organizado». Entró en la formación junto a la actual concejala del PSOE de Gijón, Marina Pineda. Según Blanco, se negó ante esta última a cobrar dinero en 'b' o procedente de comisiones, lo que hizo que el ex secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, la llamara a su despacho.

«Me exigió que tenía que darle la razón a Pineda y a él en todo», explicó la compareciente, quien añadió que Braga le señaló, ante su negativa, que las subvenciones «eran dinero para la causa». Blanco siguió negándose a cobrar dinero de esa forma y, según sostiene, desde el sindicato le siguieron presionando hasta despedirla en 2012.