Arcelor plantea un ERTE por fuerza mayor para 7.000 empleados en España

El planteamiento se preveía después de que el pasado miércoles el horno alto sufriera una explosión y un aparatoso incendio, sobre todo, porque el ERTE vigente finaliza el próximo viernes, día 31 de marzo. Lo que no se tenía claro era qué propuesta realizaría la empresa en cuanto a duración y condiciones y estas siguen en el aire. La mayoría de previsiones apuntaban a dar continuidad a las mejoras que contempla el actual expediente, que no se puede prorrogar por razones legales, y que son las mismas que se fueron renovando desde 2009, en plena crisis global -90% del salario y 100% de pagas extras y vacaciones-. Sin embargo, antes de la reunión que mantuvieron ayer los representantes de los trabajadores en la planta vasca de Echévarri ya se apuntaba otra posibilidad que, finalmente, se confirmó: Arcelor plantea un ERTE de fuerza mayor. La justificación que dio la compañía es doble: la gravedad del accidente y la necesidad de contar pronto con este mecanismo de flexibilidad. No quiere que las negociaciones se demoren.

La elección de esta modalidad de expediente no ha sentado bien a los representantes de las plantillas asturianas. Aunque aún no se conoce la gravedad de los daños en el horno alto, que determinará si finalmente se repara y cuánto tiempo podría estar inactivo, UGT y USO reconocen que estará parado un tiempo importante y se abren a acordar un nuevo ERTE, mientras que CC OO considera que hay otros mecanismos que se pueden emplear y acusa a la compañía de «utilizar la estrategia del miedo», antes de conocer la afectación real del accidente. Igualmente, unos y otros critican la modalidad de fuerza mayor.

En su memoria está el ERTE de este tipo impulsado unilateralmente por la compañía en plena pandemia, cuando estaba aún en vigor el renovado desde 2009, y que fue tumbado por la Dirección General de Trabajo. Después, presentó otro por causas derivadas de la covid que anuló el Tribunal Supremo. Estos casos enturbiaron las relaciones con la parte social y no se han logrado recomponer.

No obstante, desde Arcelor se impulsa este ERTE de fuerza mayor con la intención de llegar a un acuerdo con los sindicatos y se insiste en que la modalidad elegida obedece a la urgencia que requiere la situación y a las reticencias que pueden aparecer durante la negociación. Con esta tipología, la autoridad laboral dispone de un plazo de cinco días para resolver la solicitud.

Igualmente, es muy pronto para conocer la afectación real que puede tener el ERTE. Aunque incluya a 7.000 trabajadores, esto no quiere decir que todos vayan a ser regulados, pero sí que la compañía podría modular su empleo en función de las necesidades. De septiembre a febrero, cuando estuvo parado el horno alto por la debilidad de la demanda, la compañía acordó con los sindicatos unos límites. Como ejemplo, en el Principado se estableció un máximo de aplicación del 25% del tiempo trabajado del personal afectado, en Lesaca, del 60%, y en Sagunto fue del 40%.

La magnitud del impacto dependerá de cómo esté realmente el horno, de si se puede reparar y cuánto tiempo llevaría hacerlo. También de si se decide importar de otros países productos semiacabados de acero, que permitan mantener la actividad en los trenes de laminación. En este caso será también fundamental el comportamiento de la demanda.

Más allá del propio ERTE y de las quejas de los sindicatos por la modalidad elegida por la compañía, los representantes de la plantilla insistieron en la necesidad de que Arcelor confirme sus inversiones en la región y que lo haga por escrito, dentro del VIII Acuerdo Marco, como se incluyeron en ocasiones anteriores. Ayer, este documento que rige buena parte de las relaciones laborales de la multinacional en España se siguió negociando en el País Vasco sin avances. Dentro de una semana, el 1 de abril, se cumplirá un año de la constitución de la mesa negociadora y no se vislumbra la posibilidad de que ambas partes converjan en una posición común.

La galopante inflación complica un acuerdo en el ámbito salarial. La parte social, tras los beneficios de récord de la multinacional en los dos últimos años, reclama incrementos por encima del IPC, mientras que la compañía ofreció ayer una subida fija del 2,5% durante cuatro años y un porcentaje adicional ligado a objetivos y no consolidable. Anteriormente había planteado un 12% en cinco años, aunque se compromete a garantizar el poder adquisitivo al final del periodo. Es insuficiente para los sindicatos. Sin embargo, más allá del desencuentro económico hay otros escollos complejos de salvar, desde ese compromiso expreso a realizar las inversiones de descarbonización, a las demandas de flexibilidad que exige la compañía. Los sindicatos dan hasta el próximo viernes para llegar a un acuerdo, por lo que la ruptura planea en un momento crítico para las plantas.