Arcelor anuncia despidos, un ERTE para toda la plantilla y la paralización de sus inversiones

Arcelor presentó ayer a los sindicatos una serie de medidas que pretende acometer para compensar las pérdidas económicas del grupo. No se anduvo con rodeos: plantea la paralización de todas las inversiones, entre 50 y 100 despidos en una primera oleada y la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante un año para los 8.236 trabajadores de la compañía en España y sin complemento salarial alguno para engordar la prestación por desempleo. La siderúrgica puso sobre la mesa estos duros ajustes en la segunda reunión con los sindicatos de la negociación del ERTE por causas económicas y productivas que quiere presentar.

Según explicaron fuentes sindicales, la dirección de Arcelor está muy molesta con el Gobierno por haber rechazado el ERTE por causa de fuerza mayor presentado a principios de este mes. Regulación que fue rechazada por la Dirección General de Trabajo de Madrid por considerar que no quedaba suficientemente acreditada la causa de fuerza mayor y que, además, la medida era desproporcionada con respecto a la situación del grupo. Además de los ajustes mencionados, la multinacional señaló que seguirá sin poner fecha a la reactivación del horno alto 'A', parado desde hace tres semanas, si no aumentan los beneficios.

En cuanto a los despidos, la empresa no facilitó más detalles, pero los trabajadores sospechan que esas bajas no voluntarias se producirán entre el personal eventual. Respecto a las inversiones, quedan paralizadas hasta que se lleven a cabo los recortes propuestos en materia laboral. En Asturias, el grupo había reservado una partida superior a 600 millones de euros para el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Buena parte de esa cantidad corresponde al plan ambiental y la construcción de una central eléctrica, que ya fue prácticamente descartada al alcanzar un acuerdo con EdP.

Así, queda en el aire completar la reforma de la segunda tanda de las baterías de cok de Gijón, una obra que «aseguraría la viabilidad de las plantas asturianas», según explicaron los representantes de los trabajadores, que rechazaron las propuestas de Arcelor. Sobre todo, su intención de aplicar un ERTE de tales características, cuando tienen uno vigente de 2009, con condiciones más ventajosas para la plantilla. Regulación, que asegura el 90% de su salario bruto y que serviría «para paliar las causas organizativas alegadas por la empresa», aunque hubiese que hacer modificaciones. Pero Arcelor lo da por amortizado y tiene la firme intención de presentar una nueva regulación en el plazo de seis días, cuando se cumple el periodo de consultas del ERTE por causas económicas. Cuenta con la ventaja de que no necesita lograr un acuerdo con los sindicatos ni la aprobación por parte de la autoridad laboral. La diferencia entre los dos expedientes es abismal para los trabajadores, ya que Arcelor no está dispuesta a ofrecer complementos salariales para amortiguar la diferencia.

De hecho, cargó contra el Gobierno, explicaron los sindicatos, por las escasas cuantías de las prestaciones por desempleo, por lo que el ERTE de 2009 supone un ahorro mínimo para la siderúrgica. Además, incidió en la elevada factura eléctrica que pagan en España las electrointensivas. Los representantes de los trabajadores creen que esta postura supone una traba para desarrollar «un diálogo social serio y constructivo, pues lo primero que se plantean son despidos, paradas masivas y amenazas de retirada de inversiones sin opciones para superar los plazos marcados por ley».

A su juicio, Arcelor pretende aprovechar la crisis del coronavirus para acometer «un ajuste laboral y salarial sin precedentes, que busca tapar su ineficacia en la gestión y errores jurídicos». Además, mostraron su sorpresa por que alegara causas económicas vinculadas al COVID-19 con cuentas de años anteriores.