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NOELIA A. ERAUSQUIN/ ROSALÍA AGUDÍN / AGENCIAS
GIJÓN.
Sábado, 25 de noviembre 2017, 08:51
Los detalles del real decreto que prepara el Gobierno para evitar el cierre de centrales eléctricas aún no se conocen, pero la maquinaria de la Unión Europea ya ha comenzado a trabajar para verificar si se adapta a su estricta normativa. El comisario de Energía ... y Acción Climática, el español Miguel Arias Cañete, confirmó ayer que la institución está analizando la compatibilidad del documento con el derecho de la UE en materia energética y que el pasado jueves mantuvieron una reunión sobre este asunto el director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, y el secretario de Estado del ramo, Daniel Navia.
«Estamos hablando de un borrador muy preliminar, lo que pasa es que la Comisión anticipa muchas veces el trabajo para entender lo que está ocurriendo en los Estados miembros», explicó Arias Cañete sobre el real decreto con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende evitar la clausura de centrales rentables y que ha anunciado después de que Iberdrola pidiera el pasado día 10 la autorización de cierre de las térmicas de Lada y Velilla (Palencia).
Arias Cañete calificó el encuentro entre Ristori y Navia como un «intercambio preliminar de posiciones», pero insistió en que «cualquier norma de cualquier Estado miembro tiene que adaptarse a la legislación comunitaria», por lo que se están viendo los términos del decreto «para analizar su compatibilidad o no cuando el Gobierno lo notifique». A posteriori se realizará un análisis técnico y, cuando la Comisión Europea tenga una postura, la trasladará al Ejecutivo central. «Esperamos que el Gobierno español sea sensible a los planteamientos de la Comisión y se adapte a las normas del derecho comunitario», recalcó Arias Cañete.
No obstante, la decisión del Gobierno central no está tan clara para el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, que acusó ayer al Ejecutivo de Mariano Rajoy de esconder tras el real decreto, no su interés por mantener las térmicas, sino las nucleares y, de hecho, le acusó de estar «enredando» la situación. Coincide así con la visión de los socialistas castellanoleoneses que consideran «cruel» la actitud de Iberdrola y dudan de que el decreto sirva para frenar el cierre, porque lo que «verdaderamente» busca Nadal es «alargar la vida útil de las nucleares hasta los 60 años»
Por su parte, Javier Fernández volvió ayer a defender «no solamente el derecho, sino la obligación» del Gobierno central de «procurar evitar que se cierren aquellas centrales que traigan como consecuencia un encarecimiento de la energía» y destacó las consecuencias negativas que tendría el cese de la actividad en Lada, tanto para la economía de la zona, como para las compañías electrointensivas de la región.
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