Puerto y ministerio buscan una solución para desbloquear el dragado en la entrada de la ría de Avilés

La Autoridad Portuaria ya anunció que está dispuesta a elevar una discrepancia ante el Consejo de Ministros y ha puesto en marcha toda la tramitación jurídica necesaria, aunque su ejecución está en suspenso hasta conocer el resultado de los contactos en los que se han implicado tanto Puertos del Estado como la secretaría de Estado de Medio Ambiente, con el asturiano Hugo Morán al frente.

Las perspectivas son ahora más optimistas y hay confianza en que el problema se pueda resolver de forma satisfactoria, aunque fuentes del Puerto de Avilés aseguran que se mantienen abiertos todos los frentes. Es decir, si no hay un acuerdo de reparto de cargas con la Dirección General de Biodiversidad, la maquinaria jurídica seguirá adelante desde la ciudad y se pedirá la mediación del Consejo de Ministros a través de la citada herramienta de la discrepancia.

Tal y como adelantó este periódico el mes pasado, el Puerto de Avilés está dispuesto a negociar las modificaciones técnicas que plantea la Dirección General de Biodiversidad para afrontar los dragados del canal de entrada de la ría, pero no está en condiciones de aceptar la imposición de nuevas competencias sobre la vigilancia y mantenimiento de la arena de la playa de Salinas y los sistemas dunares. Esa responsabilidad que quiere establecer el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica podría poner en peligro la viabilidad futura del propio puerto y la rentabilidad comercial de importantes inversiones acometidas en los últimos años para aumentar los calados y captar nuevos tráficos.

No solo podrían quedar sin efecto las obras ya realizadas, sino que se daría la circunstancia de que un incremento de competencias a la fuerza o de costes de estudios, vigilancia y regeneración de arena en Salinas también comprometería proyectos como la ampliación del dique en la bocana de la ría, que entre otras funciones tendría precisamente la de ayudar a la estabilidad de la playa.

La Autoridad Portuaria no ve problema en negociar por la vía de la modificación todos aquellos aspectos técnicos que tengan que ver con el dragado del canal de entrada de la ría. Es decir, si hay una pérdida de arena en la playa, se analizaría la situación junto a la Demarcación de Costas para hacer una aportación de arena complementaria a la que fuese necesaria, o participar en los posibles costes. Pero eso es muy distinto a que recaiga sobre el Puerto la responsabilidad de hacer estudios permanentes de la situación de la playa de Salinas, además de los sistemas dunares, de buscar posibles bancos de arena y de realizar los correspondientes aportes.

Desde el Puerto se entiende el compromiso medioambiental que debe acompañar labores como las de dragado de la ría en un entorno de parajes protegidos, pero las nuevas obligaciones de la Dirección General de Biodiversidad «nos obligarían a asumir que todos los problemas de la playa en el futuro sean responsabilidad nuestra».

Además, resulta «incomprensible» para los dirigentes de la Autoridad Portuaria que el organismo estatal considere indisolubles las dos opciones que plantea en su rechazo a las alegaciones. Es decir, para negociar aspectos técnicos del dragado del canal de entrada a la ría por la vía de la modificación el Puerto tendría que renunciar a la vía de la discrepancia, algo que no se ve claro desde el punto de vista jurídico.

El margen para resolver este conflicto es limitado, aunque tampoco están claros los plazos. Los servicios técnicos y jurídicos del Puerto estudian desde principios del pasado mes de octubre el rechazo a sus alegaciones para valorar si finalmente se decide utilizar la herramienta administrativa de la discrepancia. En este caso, se llegaría al Consejo de Ministros, que sería el organismo que tomaría la decisión final. Por eso se quieren estudiar bien todos los pasos, tanto técnicos como a nivel de consulta política, siempre de la mano de Puertos del Estado.

Mientras, la llegada del otoño y del invierno también corre en contra de los intereses de las instalaciones portuarias avilesinas. El dragado del canal de entrada se puede retrasar unos meses, pero los temporales del invierno decidirán el grado de premura. En las actuales condiciones de la tramitación del estudio de impacto ambiental el Puerto considera que se podría abordar esa actuación si se negocian determinados aspectos. Pero, si no hay una resolución en el aspecto de fondo, que son las nuevas competencias sobre la playa y las dunas de Salinas que quiere imponer el ministerio, abordar el dragado implicaría que para el siguiente el Puerto ya sería responsable de la vigilancia continua, estudio y actuación se fuese necesario en el arenal castrillonense.

Las conversaciones que se han puesto en marcha a tres bandas podrían concluir con un reparto de responsabilidades más satisfactorio para los intereses del puerto avilesino. En cualquier caso, la Autoridad Portuaria sigue firme en su rechazo al estudio de impacto ambiental resuelto por la Dirección General de Biodiversidad.