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La Junta del Principado ha reprobado esta tarde al consejero de Industria, Enrique Fernández, por la «inacción del Gobierno». La oposición en bloque votó a favor de la censura a la gestión de Fernández al frente de su departamento y de su participación en el ... caso Alu Ibérica en el pleno extraordinario monográfico para tratar la situación de la planta aluminera de Avilés y Gozón. La gran duda era el papel que jugaría Ciudadanos, aunque el partido naranja ya había mostrado en el debate su intención de apoyar la propuesta de reprobación. Incluso IU, socio prioritario del grupo socialista y del Ejecutivo regional, reprobó a Enrique Fernández. No en vano, IU, Podemos, Pp y Vox presentaron sendas mociones en este sentido. Además, y con el voto favorable de todos los partidos a excepción de Vox, la Junta solicitó la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Alu Ibérica.
Antes de la votación, el portavoz adjunto del PP, Pablo González, dijo que Fernández estaba, en realidad, pagando por la «inacción» de todo el Gobierno en este asunto. Desde Podemos, Daniel Ripa ha lamentado que el consejero se haya ceñido a una estrategia que se ha limitado a insistir en que ha sido engañado. «El consejero de Industria no puede seguir ni un minuto más», ha dicho Adrián Pumares (Foro), mientras que Ángela Vallina (IU) ha insistido en la necesidad de buscar una solución que de cobertura a la actual plantilla. Desde Vox, Sara Álvarez, ha criticado el «victimismo» de Fernández, mientras que Luis Fanjul (Ciudadanos) ha considerado oportuna la reprobación del mandatario socialista en vista de los acontecimientos.
Por parte del PSOE ha intervenido el diputado René Suárez, quien ha cargado contra el resto de partidos por no realizar aportaciones y por «juzgar y sentenciar desde la comodidad de la oposición». Suárez ha dicho que su grupo traslada su apoyo y solidaridad a los trabajadores afectados, que son víctimas de «un capitalismo voraz». Suárez también ha criticado a Podemos e IU por votar junto a la «extrema derecha», en alusión a Vox.
Asimismo, el Parlamento asturiano ha aprobado otra propuesta que pide al Ministerio de Industria que asuma de manera temporal, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el mantenimiento de la planta de Alu Ibérica en Avilés. Reclaman que la SEPI asuma la dirección de la planta al tratarse la producción del aluminio primario una actividad «estratégica y esencial». La relativa a la intervención de la SEPI ha sido una propuesta aprobada por todos los grupos parlamentarios con presencia en la Junta General, incluido el PSOE, con la excepción de Vox que terminó votando en contra.
El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, por su parte, ha explicado de manera somera las gestiones llevadas a cabo por su Ejecutivo que, a su juicio, echan por tierra las acusaciones de «escapismo o inacción». «Lamento el relato desenfocado de los hechos que se ha producido y que seguro tendrá en este pleno un nuevo episodio tratando de buscar culpables a conveniencia», ha indicado el consejero, que ha pedido a los grupos que no se engañen, porque en esta situación hay un solo culpable, que es «la empresa Alcoa, que ha trabajado en la sombra para torpedear la producción de aluminio en España y en Asturias».
Fernández, que ha trasladado su apoyo y solidaridad a los trabajadores y sus familias, se ha comprometido a seguir trabajando en la búsqueda de una salida de tal modo que los trabajadores puedan recibir lo antes posible las indemnizaciones y de este modo tratar de iniciar las labores para recolocación de estos empleos. Así ha manifestado que su Ejecutivo en ningún momento va a renunciar a la posibilidad de que pudiese aparecer un inversor que se hiciese cargo de la platilla actual, cosa que les agradaría pero que ahora mismo se antoja complicada.
En este sentido el consejero ha lamentado que se crea que su dimisión o reprobación es la solución al conflicto de la planta y ha añadido que sí se usa la lógica quien debería ser reprobado no es otro que el consejero delegado Alcoa, «pero claro eso no da rédito político».
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Ha hecho un amplio repaso de la historia de la compañía recordando que fue en 1998 cuando, bajo la presidencia de José María Aznar, la empresa se privatizó y ha incidido en que las dificultades de la planta «no son algo nuevo ni reciente».
También ha vuelto a defender que la llegada del fondo suizo Parter Capital fue «una contingencia más» de las que el actual Gobierno se encontró al inicio de la Legislatura y es a partir de ahí cuando la situación comienza a complicarse aún más, hasta llegar al anuncio de la transmisión de la propiedad al grupo del Grupo Riesgo, «unos inversores que desde el primer día y la primera reunión no ofrecieron garantías de solvencia».
«A seis días de haber llegada a la consejería nada hicimos para intentar parar la venta de Alcoa a Parter, ni nosotros ni nadie, pero a partir de ahí si hemos llevado a cabo numerosas acciones en el ejercicio de nuestras posibilidades», ha defendido el consejero, que ha ido enumerando las reuniones y demás gestiones llevadas a cabo por el Ejecutivo asturiano.
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EL Comercio / europa press
Así, tras defender la acción del Gobierno asturiano, ha lamentado las críticas y teorías que les acusan de «escapismo e inacción». «Lo que no hemos hecho ha sido posar y hacernos fotos delante de la planta. Escucharé sus intervenciones para saber qué han hecho el resto de los grupos políticos además de cargar contra este Gobierno», ha indicado Fernández, que también ha querido ser muy tajante al negar que haya mentido o engañado a los trabajadores
«Se nos siguen pidiendo certezas sobre los inversores que se supone hay interesados, pero a día de hoy nosotros no podemos tener esas certezas. Se nos piden también intervenciones públicas para las que este Gobierno no tiene competencia y se nos achacan a nosotros consecuencias de acciones en las que nada tenemos que ver», ha indicado.
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europa press
«El único culpable es Alcoa y en sede judicial se depurará su responsabilidad». Así de tajante se ha referido el consejero asturiano a la situación actual de Alu Ibérica, que ha recordado que a día de hoy hay abiertos cuatro procedimientos judiciales. Ha recordado que el Ministerio les ha transmitido la existencia hoy en día de siete posibles inversores que están interesados en los que el denominador común es que llegado el caso asumirían únicamente la planta y las instalaciones, pero no la plantilla.
Además ha indicado que desde el Ministerio les han transmitido la intención de trabajar para la que empresa que se pudiese hacer cargo de la planta tenga preferencia en la contratación de los actuales trabajadores.
Ha explicado además que desde el Gobierno asturiano han añadido varias exigencias políticas como que sea seleccionado el mejor proyecto en términos de empleo y actividad; su disposición a la intervención de la SEPI o que se aceleren al máximo las acciones para la posible llegada a un inversor que haga factible el futuro de la planta. Además también ha relatado las medidas que desde la consejería que preside facilitarían ante la posible llegada de una empresa a las instalaciones de Avilés y Gozón.
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