«En Alu Ibérica estamos trescientas personas en una situación límite»

El periodo de protección es el plazo de dos años después de la venta de las plantas en el que Alcoa aseguraba que la plantilla percibiría sus salarios. A pesar de las aportaciones económicas de la multinacional, a fecha de ayer la totalidad de la plantilla tenía dos nóminas pendientes de cobrar y, en algunos casos, llegaban a tres las mensualidades.

Mariví Monteserín recordó que la multinacional no había cumplido las condiciones pactadas y que debía asumir su «responsabilidad con los trabajadores, que es lo más urgente». La alcaldesa apuntó que Alcoa debía «asumir los costes laborales de la plantilla hasta que la situación se resuelva».

Monteserín expresó su confianza en que el trabajo del administrador judicial permita despejar el futuro de la empresa. De igual manera, confían en que el Ministerio de Industria cumpla su palabra e impulse un proyecto solvente para la empresa.

Jorge Suárez, alcalde de Gozón, responsabilizó a Alcoa de «una venta en falso», en la que «no cumplió nada de lo previsto». Suárez expresó su confianza en que la justicia «ponga en su sitio a Alcoa al Grupo Industrial Riesgo. Por fin llegó el administrador judicial, igual un poco tarde, pero llegó y confío en su actuación», señaló, destacando el potencial de la instalaciones.

Por su parte, José Manuel Gómez de la Uz, que acudió junto con los representantes del resto de sindicatos del comité de empresa, describió una situación dramática de Alu Ibérica «con trescientas personas sin actividad, sin organigrama, sin nada que hacer. Es muy difícil ver una solución a corto plazo». De la Uz reconoció que, después de estos dos años y los anteriores intentos de cierre, la plantilla se encuentra «psicológicamente agotados».

De ahí que ayer reconociesen su escepticismo ante el anuncio del Ministerio de Industria de crear grupos de trabajo. «Nosotros ya hicimos todo lo posible, no es nuestra misión. El Ministerio de Industria no ha hecho nada de lo que se había comprometido. Si tienen un inversor, que lo traigan y nosotros colaboraremos en la medida de lo posible. Pero la planta lleva mucho tiempo parada y recuperar la actividad no es sencillo», explicó. Desde el comité se renunció a comentar la propuesta de Alcoa para la planta de San Ciprián ya que «la situación de las instalaciones es muy diferente y, además, nosotros estamos con otro empleador».

Desde el comité se insiste en que la única solución puede venir por la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), «pero el Gobierno ya ha dejado muy claro que no se va a producir. Todo el proceso ha sido fallido», aseguró.

Los sindicatos responsabilizan a Alcoa de la situación en la que se encuentra la compañía. Aunque aseguran que «no es de fiar», ayer avanzaron que «exigiremos que cumpla todo lo que firmaron», insistiendo en que asuman los costes laborales de la plantilla mientras se resuelve la actual situación.

De la Uz también abordó la incorporación del administrador judicial «del que aún no hay nada tangible. Suponemos que cuando llegue verá que situación económica es un desastre y pedirá un concurso de acreedores para ir a un proceso de liquidación. Solo le pedimos la máxima celeridad para salir de esta jaula en la que estamos los trabajadores».