El Grupo Melca acusa a su fundador de abuso y mala fe en la Quinta de Pedregal

Los actuales gestores del grupo inciden en que, al margen de las «situaciones de abuso» anteriormente referidas, «también se han producido otros hechos difícilmente justificables, como que en una vivienda en la que habita una sola persona se generen gastos de gas de 10.000 euros en apenas dos meses. Solo son dos ejemplos de la actuación de abuso y mala fue que protagoniza José Luis García Arias». Antes las circunstancias que expone, «ha sido necesario acudir a los tribunales para poner fin a estos abusos reiterados y continuados. En consecuencia, los tribunales aceptaron una serie de medidas cautelares que se intentaron ejecutar esta semana con la obstrucción reiterada de García Arias». Es decir, el cierre de estancias del inmueble.

El Grupo Melca niega además que, como sostiene el fundador, que afirma haber presentado denuncia ante la Policía Nacional, haya ejercido coacciones y presiones contra él. «Por desgracia no es la primera vez que recurre a la mentira. Incluso llegó al extremo de falsificar pruebas en un juzgado con el único objetivo de intentar desprestigiar al Grupo Melca», concluye.

La propiedad es de Servicios Inmobiliarios Avilés, empresa cuyo capital pertenece en su totalidad a Cartera de Inversiones, la matriz que agrupa a todas las que integran el Grupo Melca. La sociedad está controlada desde 2015 por su hija Elena, uno de sus dos hermanos y la madre de ambos, exesposa de García Arias. Los tres hicieron valer el peso conjunto de sus títulos, más del 50% del capital, para revocar de todas sus funciones a García Arias, hasta ese día administrador general, y al único hijo que se mantiene fiel a su padre. Desde entonces ambos son meros accionistas y como tales, subraya García Arias, copropietarios de la Quinta de Pedregal.

A raíz de aquella situación el desencuentro familiar y societario es total. El último episodio se vivió el pasado jueves. Elena se presentó en la finca acompañada de un cerrajero y de una guardia de seguridad con la intención de cerrar una serie de estancias, aquellas que no están incluidas en el contrato de alquiler que permite a García Arias habitar en el inmueble, ocupando únicamente unos cien de sus más de setecientos metros cuadrados. Finalmente sólo le permitió cerrar una parte de las que pretendía al entender que el resto son zonas de uso compartido.