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C. DEL RÍO
OVIEDO.
Viernes, 12 de julio 2019, 01:40
La economista María José Mochales, que llevó la contabilidad de la Fundación Centro Niemeyer desde 2007 hasta enero de 2011, eludió ayer cualquier tipo de responsabilidad en unas cuentas que realizó conforme a la facturación que se le enviaba y que refrendaron las auditorías. « ... A mí me llegan recibos bancarios, facturas y nóminas que es lo que se contabiliza (...). Contabilizo lo que tengo», se defendió en una intervención altanera en una nueva sesión del juicio por el 'caso Niemeyer' que se sigue en la Audiencia Provincial y en la que el presidente del tribunal tuvo que reconducir la declaración de la testigo-perito en varias ocasiones, además de advertirla acerca del trato hacia el fiscal y los abogados. «Señora, no estamos en una cantina», le recordó la segunda vez que se dirigió a ellos de 'tú' en lugar de 'usted'.
La profesional cuyo trabajo ha sido puesto en duda en varias ocasiones a lo largo del juicio insistió en que hizo lo que pudo con lo que tenía, pero no tuvo que explicar los supuestos errores en los apuntes que presentaban sus cuentas según había expuesto el miércoles un perito de la defensa de Natalio Grueso especializado en fundaciones. Ningún letrado profundizó en esos conceptos técnicos. El más insistente fue el fiscal Alejandro Cabaleiro, que preguntó reiteradamente si sabía que la contabilidad de 2007 y 2008 estaba mal y si no le preocupó conocer un asiento de regularización en las cuentas de 2009. «Cuando se redacta la contabilidad hay que redactar lo que ocurre. Si hay equis facturas y equis pagos, es lo que yo hago», respondió.
Sobre este 'asiento' contable en las cuentas de 2009 al objeto de regularizar algo mal anotado en los años anteriores, afirmó que ella pidió el 'mayor' a Viajes El Corte Inglés «reiteradamente». El 'mayor' es un libro que recoge las cuentas de la empresa en fichas individuales. Para ello se puso en contacto con un gestor de la empresa en Madrid que le remitió un Excell «en el que era imposible identificar nada». «Le llamé y tengo correos, pero no tuve más información. No digo que no lo enviara, pero yo no lo recibí», repitió en varias ocasiones hasta que al final de su intervención, y a preguntas del letrado de Viajes El Corte Inglés, responsable civil subsidiario en la causa, admitió que «supongo que habré recepcionado» los tres o cuatro correos este empleado le había enviado después con duplicados de las facturas, según informó el letrado.
Repreguntada por el fiscal sobre alguna «preocupación» por el citado asiento añadió que «me preocupé tanto que dejé de llevar las cosas de la Fundación» y fijó en un correo enviado el 30 de septiembre de 2009 al entonces director, Natalio Grueso, «la primera voz de alarma». En aquella misiva le exponía la importancia de que la documentación se enviase con tiempo suficiente para realizar las comprobaciones o rectificaciones necesarias.
Explicó que las facturas se las dejaban en la oficina o las recogía en la empresa DEX, en la que trabaja la exmujer de Natalio Grueso, la también acusada Judit Pereiro, cuyas cuentas llevaba su despacho profesional. Y reconoció que le resultaba difícil realizar su trabajo porque no existía un departamento de administración en la Fundación, carencia manifestada la jornada anterior por el perito Enrique Rúa Alonso de Corrales. Una situación que tampoco mejoró de forma significativa cuando contrataron a una contable, que ella misma recomendó, ocho horas a la semana.
Añadió que «nunca» asistió a una junta de aprobación de cuentas, «a las que muchas veces vas para aclarar algo al cliente» porque «nunca, jamás, me llamó a mí nadie», subrayó. Finalmente, en enero de 2011, «ante la imposibilidad de hacer los impuestos anuales, envío un burofax y lo entrego todo» al despacho del abogado Miguel Ángel Rebollo, exsecretario de la Fundación y que se enfrenta a dos años y dos meses de cárcel y 7.200 euros de multa como presunto autor de un delito societario en concepto de cooperador necesario.
En una sesión en la que también declararon las auditoras de Deloitte, la última empresa que se encargó de la auditoría de las cuentas y que incluyó 'salvedades' en sus informes ante la imposibilidad de cotejar ciertos datos, sobresalieron los testimonios de los dos máximos responsables territoriales de Viajes El Corte Inglés. Con quince y veintiocho años de trayectoria en la empresa actualmente están desvinculados de la misma, aunque aseguraron a la Fiscalía que fue una decisión propia y no una represalia por haber autorizado al agente de viajes José María Vigil, para el que se pide ocho años de cárcel y 92.600 euros de multa por estafa y falsedad en documento mercantil y colaborador necesario en malversación y falsedad, que siguiera prestando servicio a la Fundación Niemeyer a pesar de que la cuenta había sido bloqueada por los impagos. «Decidimos que podíamos tener un margen porque era un momento de desarrollo complejo y porque nosotros también queríamos colaborar en el proyecto», afirmó uno de ellos. Lo hicieron sin permiso de la central y «bajo nuestra responsabilidad».
El juicio continuará el lunes 22.
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