RUTH ARIAS
AVILÉS.
Jueves, 17 de noviembre 2022, 01:21
Alexandra Camacho fue directora ejecutiva de Alu Ibérica desde que el Grupo Riesgo adquirió las plantas a Parter, en abril del año 2020, hasta que ella misma pidió la baja voluntaria en julio del año siguiente, una vez se había puesto en marcha la ... intervención judicial de las plantas. Desde el mes de abril de 2021 su sueldo fue de algo más de 44.000 euros brutos mensuales, una cantidad que, una vez descontadas las cotizaciones sociales y resto de impuestos quedaba en la nada desdeñable cifra de 25.000 euros netos. Fue una de las cifras que en su día extrañó a los interventores judiciales nombrados por la Audiencia Nacional, que consideraron que ese salario era «desproporcionado» con respecto a los del resto del personal, incluidos los altos cargos, y «una operación dirigida a la descapitalización de la sociedad intervenida».
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La propia Camacho, sin embargo, mantuvo una versión muy diferente en las declaraciones que realizó ante la Audiencia Nacional. Aseguró ante la jueza y que, al ser propietaria de la fábrica además de directora ejecutiva, no se había estipulado al principio un salario como tal. «Si hubiera querido ser el número uno me hubiera podido lucrar de la fábrica», defendió, sosteniendo además que había entrado en el negocio «porque creía en las fábricas y en sacarlas adelante».
El motivo que utilizó Camacho para justificar que, sin embargo, se hubiera puesto un salario tan elevado un año después de la compra de las plantas, y una vez que se sabían investigados es que lo hizo por «transparencia». «La decisión de ponerme un salario el día 1 de abril de 2021, posterior a la entrada de la UDEF en mi casa y de todo el circo que armaron, ha sido justamente para ser más transparente y poder demostrar que mi trabajo y las funciones que hacía tenían un valor», señaló Camacho en sede judicial.
Cabe recordar que cuando los interventores emitieron su informe, en junio de aquel mismo año, ya concluyeron que se encontraba en una situación de «riesgo de insolvencia actual o inminente», a pesar de que no habían tenido acceso a mucha de información que requerían.
Camacho reconoce que solo cobró el salario una vez, en abril, puesto que posteriormente la Audiencia le denegó el cobro de las indemnizaciones que solicitaba tras haber solicitado la baja, al haber indicado los interventores que su sueldo podría no estar justificado y ser una manera de extraer dinero de la empresa.
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