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Los propietarios de las viviendas de uso turístico deberán tenerla la autorización de las comunidades de vecinos para su funcionamiento. En caso contrario, el Principado ... no cursará la autorización. Esa es una de las novedades que se incluirán en la reforma de la ley de turismo que prepara el Principado y que incluirá, también, la declaración de zonas turísticamente protegidas para aquellas áreas que superen los niveles de oferta turística o puedan suponer un riesgo medioambiental. Estas novedades han sido presentadas esta mañana por la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Gimena Llamedo, y serán aprobadas próximamente -previsiblemente en abril- por el Consejo de Gobierno.
La regulación de las viviendas de uso turístico es uno de los compromisos adquiridos por el Principado desde el inicio de legislatura. Para ello se procederá a la modificación de la ley de turismo, que no contempla actualmente esta figura de negocio, y, de forma paralela, un decreto específico. Para ello, se modificará el actual artículo 42 de la legislación autonómica. En él se recogerá que la actividad turística de viviendas deberán contar con la autorización de las comunidades de propietarios, bien mediante su inclusión en los estatutos de cada una de ellas o bien mediante un acuerdo de la Junta de propietarios. En caso contrario, el Principado denegará la autorización para que estos pisos puedan ser destinados a la actividad turística.
Este requisito afectará tanto a las viviendas de uso turístico nuevas, como a las que ya están funcionando. En el caso de estas últimas, los propietarios tendrán un plazo de seis meses para presentar a la Administración el permiso de la comunidade de vecinos.
En esta regulación, el Principado también limitará el alquiler de este tipo de alojamientos. De esta forma, sólo se permitirá el alquiler íntegro de las viviendas, es decir, no se permitirá el arrendamiento por habitaciones para uso turístico.
La reforma de la ley de turismo también establece el marco sancionador por incumplimientos de la misma. De esta forma, se establecen multas que van desde los 150 euros en el caso de las leves a las de hasta 100.000 en las más graves. También la posibilidad de suspender las licencias a los propietarios que incumplan la ley por un periodo que va desde los seis meses hasta los cuatro años.
Además, los dueños de este tipo de alojamientos tendrán que llevar un registro, que será telemático con el fin de agilizar la tramitación, de los inquilinos.
El control de estos pisos lo llevará a cabo el Principado, mediante la creación de un servicio de inspección. El objetivo es perseguir toda la oferta ilegal que se detecte. Una de las herramientas para conseguirlo será mediante una herramienta digital que active alertas cuando detecte la existencia de ofertas de pisos turísticos no legales.
No es la regulación de los pisos turísticos la única novedad que se incluirá en la reforma de la ley de turismo. También se crea la figura de zonas turísticamente protegidas. Se trata de un mecanismo que permitirá al Gobierno regional y a los ayuntamientos actuar cuando se superen los niveles de oferta turística o se ponga en riesgo el equilibrio ambiental.
Estas declaraciones de zonas turísticamente protegidas serán de carácter temporal y deberán ir acompañadas de medidas correctoras. ¿En qué casos se actuaría? Por ejemplo, en un espacio si se aprecia una saturación de visitantes se podrán establecer restricciones de acceso. Para ello, se deberá realizar un plan. Serían medidas similares, por ejemplo, al actual plan de accesos a los Lagos de Covadonga. También los ayuntamientos podrían establecer limitaciones urbanísticas, tanto desde el punto de construcciones como de concesión de licencias.
La actual ley ya incluye una figura similar, bajo el epígrafe de zonas saturadas. La diferencia es que ahora cualquier medida que se adopte debe ir acompañada de medidas correctoras para corregir el exceso de oferta en los espacios que los ayuntamientos y Principado detecten.
La reforma de la ley de turismo está prácticamente ultimada. Se trata de una serie de cambios que, según la vicepresidenta, han sido consensuadas con el sector. El próximo 8 de abril se someterá a aprobación en el Consejo de Turismo del Principado y, posteriormente, será llevado a Consejo de Gobierno. A partir de ahí se trasladará a la Junta para su tramitación. Espera Llamedo lograr el máximo número de apoyos que permita su aprobación en el menor tiempo posible.
De forma paralela se está preparando el decreto que regulará el uso de pisos turísticos y viviendas vacacionales. La tramitación del mismo será más lenta, con un horizonte difícilmente inferior a los seis meses.
El Principado tiene registrados en estos momentos en Asturias más de 6.000 viviendas vacacionales y de uso turístico. Se trata de un modelo de alojamiento que ha experimentado un crecimiento espectacular. Entre 2010 y 2020, el parque de vivienda turística en Asturias crecía de media en 200 alojamientos al año, Entre 2020 y 2024, se multiplicó por tres: 600 anualmente.
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