Villa pide dejar de ser investigado al no haber pruebas que vinculen el geriátrico con su fortuna

El exsecretario general del SOMA, condenado en 2018 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo por apropiación indebida de los recursos del sindicato, es uno de los principales acusados en esta causa paralela, que arrancó precisamente por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de que Villa regularizara a través de la amnistía fiscal de 2012 una fortuna oculta de 1,2 millones de euros de dudosa procedencia. Los investigadores tiraron del hilo que les llevó a la obra del geriátrico y, hasta la fecha, hay una veintena de imputados sospechosos de haberse beneficiado de una u otra forma de las presuntas irregularidades cometidas tanto en la concesión de los más de 30 millones de subvención que sirvieron para sufragar el proyecto, como de las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Aller para poder levantar el equipamiento. Pero también del sospechoso proceso de adjudicación de los trabajos y, principalmente, de los supuestos sobrecostes de un proyecto que terminó costando 32,5 millones de euros, 18 más de lo que debería haberlo hecho, según informes que apuntan a «márgenes escandalosos» y a «comisiones ilegales».

La defensa de José Ángel Fernández Villa entiende, sin embargo, que «durante todo este tiempo no se ha podido encontrar ni un solo indicio sólido que permita inferir» que el dinero que éste regularizó en 2012 «provenga de la obra del Montepío en Felechosa ni de los supuestos sobrecostes, si es que los hubo».

La letrada Ana Boto se queja además, en su escrito de recurso de apelación frente al auto de la jueza por el que se prorroga el plazo de instrucción, que, teniendo en cuenta que el exsindicalista tiene desde 2017 todo su patrimonio intervenido, esta dilación «resulta doblemente inaceptable», y advierte de que el daño causado «va a resultar irreparable». En un escrito de alegaciones previas al citado auto judicial, la defensa del exlíder sindical pedía, además de dar por terminada la instrucción, acordar el sobreseimiento y archivo de misma con respecto a Villa. Argumenta la abogada que las acusaciones del Ministerio Fiscal contra quien fuera máximo dirigente del sindicato minero durante décadas se basan en «suposiciones carentes de constatación objetiva alguna, constituyendo meras sospechas que no tienen base suficiente contra su derecho a la presunción de inocencia y a no ser objeto de investigaciones prospectivas en busca de hipotéticos delitos». E insiste en que, pese al largo proceso de investigación, «no se ha puesto de relieve ningún dato objetivo que acredite» que el dinero que regularizó Villa en la amnistía fiscal «tenga ningún tipo de relación con las obras del Montepío en la residencia de Felechosa, ni con sus sobrecostes».