Un vecino de Piedras Blancas afronta 172 años de cárcel en un sobrecogedor caso de pornografía infantil

Pero lo había. Tras esa inocente fachada, se encontraba, presuntamente, R. D. V., un vecino de Piedras Blancas que por entonces tenía 22 años y que, una vez ganada su confianza, obtenía imágenes íntimas de las niñas y adolescentes con las que chateaba. El acusado, que habría reconocido los hechos, se enfrenta a una posible condena a 172 años de cárcel, que es la pena que pide para él la Fiscalía de Málaga por presuntos delitos de coacciones y corrupción de menores, pornografía infantil y descubrimiento y revelación de secretos.

La Guardia Civil, que bautizó la investigación como 'operación Molling', informó en octubre de 2013 que el sospechoso podía haber interactuado hasta con 1.000 menores, aunque finalmente son 41 las víctimas identificadas en la causa. Y la primera, cuyo testimonio permitió destapar un caso que se extendió por todo el país, reside en Antequera (Málaga). La denuncia de la menor, que tenía entonces 14 años, condujo a los agentes hasta Piedras Blancas, en Castrillón. Allí residía con sus padres el ahora acusado. Un joven sin antecedentes penales y que llevaba, aparentemente, una vida normal. El juicio, que tendrá lugar en Málaga, aún no tiene fecha para su celebración.

Los hechos que desencadenaron su arresto sucedieron la noche del 27 de septiembre de 2013, cuando el joven, presuntamente haciéndose pasar por una tal Noelia -el personaje que inventó- y «guiado por el ánimo libidinoso, contactó con la adolescente antequerana y le envió una foto de sus partes íntimas. Después, le dijo que, si ella no hacía lo mismo rápidamente y le mandaba una imagen, comunicaría la conversación «subida de tono» que habían mantenido a todas sus amigas de Tuenti. La menor, avergonzada, obedeció. Pero luego se arrepintió y se lo contó a sus padres, que acto seguido acudieron a denunciar lo sucedido.

Los agentes se pusieron a indagar. Empezaron por llamar al teléfono del joven, quien tras resistirse a proporcionarles su identidad, afirmó tener 16 años, cuando entonces tenía 22, y dijo que residía en Avilés, cuando en realidad vivía en Castrillón. Los investigadores rastrearon su identidad en Tuenti y localizaron el correo asociado a la misma, que resultó ser de un tercero ajeno a la trama. Al parecer, el acusado, mediante «mecanismos informáticos de acceso ilícito», averiguó su clave, la cambió y borró todo lo que esta persona tenía en su cuenta, que posteriormente utilizó para los hechos investigados «con la finalidad de evitar ser descubierto».

Al examinar la cuenta de Tuenti, los guardias civiles descubrieron que la menor malagueña no era la única a la que «agobiaba», en palabras del fiscal. Ahí comenzó la 'operación Molling' con el objetivo de identificar al mayor número posible de víctimas, localizar y detener al autor, y averiguar cuál era su modus operandi.

Los investigadores comprobaron que, bajo el perfil falso de Noelia, fingía ser una chica de 20 años con estudios de psicología-sexología, ardid que utilizaba para ganarse su confianza. A partir de ese momento, les preguntaba si se depilaban o bien las incitaba y enseñaba a masturbarse, entre otras acciones. Después, supuestamente, las coaccionaba para que le remitieran fotos de sus partes íntimas o se exhibieran ante la 'webcam' con las que las grababa.

La Guardia Civil realizó un registro en el domicilio del joven en Castrillón en el que intervinieron un disco duro y un teléfono móvil que, al ser rastreados, permitieron identificar a más víctimas, hasta un total de 41, si bien no todas accedieron a sus pretensiones. Las afectadas tenían entonces entre 10 y 17 años y residían en distintas provincias españolas, aunque la mayoría, catorce, son asturianas.

Para el Ministerio Público, los hechos descritos serían constitutivos de 41 delitos de coacciones (solicita la pena de tres años de cárcel por cada uno de ellos); de otros 41 delitos de corrupción de menores (pide un año por cada una de las víctimas); de un delito de producción de pornografía infantil (cinco años); y de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (tres años).

El fiscal advierte en su escrito de acusación de que, en aplicación del artículo 76 del Código Penal, el joven no podrá ser condenado a más del triple de la mayor de las penas de los delitos en que hubiera incurrido, por lo que en este caso se fija el límite máximo de 15 años de cárcel. No obstante, también solicita que se le imponga una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores durante quince años. Paralelamente, insta a que se le prohíba acercarse o comunicarse con las víctimas durante 10 años, mismo periodo en que, solicita, debería permanecer en libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.