«Alguna de las menores llegó a amenazar con atentar contra su propia vida»

A raíz de esos datos recabados, la Guardia Civil identificó a 60 menores, posibles víctimas, residentes en 17 provincias de todo el país. 41 de ellas se personaron como acusación particular en el procedimiento judicial abierto a R. D. V., que en el momento de los hechos, en 2013, tenía 22 años. Según explicaron entonces desde la Benemérita, «en alguno de los casos se detectó que alguna de las menores llegó a amenazar con atentar contra su propia vida para intentar que el 'depredador' no consiguiera sus imágenes de contenido íntimo».

En el registro de la vivienda en la que el joven residía con sus padres, en Piedras Blancas, concejo de Castrillón, se intervenieron diversos dispositivos de almacenamiento informático. Asimismo, se localizaron imágenes, tanto de video como fotogramas, de niñas y adolescentes de entre 10 a 16 años con un alto contenido sexual, que eran precisamente las imágenes que había conseguido al coaccionar a sus víctimas, una vez que se ganaba su confianza.