
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«La Policía es la encargada de realizar los certificados de convivencia. No sé porqué hace problema de que acudan a los domicilios. Pueden ir a cualquier casa. Incluso a la mía. Yo he ido a la Policía Local a solicitar el certificado de convivencia cuando solicité el bono social para mis padres». Pilar Varela ha defendido este lunes el control que, tal y como adelantó EL COMERCIO, realizan agentes de la Policía Local sobre aquellos beneficiarios del salario social a los que no localiza el Principado o sobre los que hay sospechas de alguna irregularidad.
«Yo no tengo ninguna competencia sobre la Policía Local», afirmó la consejera de Servicios y Derechos Sociales. «Sobre esa policía mandan los alcaldes y las alcaldesas», continuó. «A ellos acudimos cuando nos vienen devueltas hasta tres veces las cartas de beneficiarios de salario social. Lo que hacemos es pedir colaboración a los servicios sociales municipales a los que digo que necesito localizar a esa persona. ¿Y cómo cree que la localizan los ayuntamientos? Pues enviando a la Policía Local».
Respondía la consejera socialista a la crítica que, sobre la utilización de la Policía Local, realizó el diputado del PP Matías Rodríguez Feito. «No nos gusta, consejera, se lo tengo que decir. Si llegamos a hacerlo nosotros, acabamos en la hoguera», le espetó el diputado.
«No pienso en hogueras, yo solo pienso en Estado democrático y en derechos de los ciudadanos», le contestó Pilar Varela, quien insistió en que «si mando una carta a un beneficiario, me la devuelve; la vuelvo a mandar, me la devuelve, ¿qué voy a hacer? ¿cruzarme de brazos y seguir mandándole la nómina o a través de los servicios sociales saber si la dirección es correcta, si vive solo o en familia?».
La consejera defendió «el salario social que damos en Asturias», ya que, recordó, «es la mayor prestación del país. Solo nos superan Navarra y País Vasco, que están fuera del régimen general». Con más de 22.000 nóminas al mes de las que se benefician el 5% de la población regional, Varela insistió en que «el crédito para pagarlo es ampliable hasta donde se necesite». Calcula que este año «acabaremos con 120 millones de gasto», ya que desde 2017 «notamos un descenso en la demanda de esta ayuda que llega a quien nadie tiene».
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