La Policía investiga a receptores del salario social en Asturias denunciados por irregularidades

De ese informe que hagan los agentes depende que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales dé por veraz la información facilitada por el beneficiario de esta paga, que en Asturias ya cobran 22.585 personas. Si los agentes comprueban que el perceptor de la prestación vive en un núcleo familiar diferente al argumentado en su solicitud de ayuda o su situación de empadronamiento no corresponde con lo que aparece en su informe, la prestación se suspende. En lo que va de año, la estadística dice que ha habido 2.475 bajas en el cobro de esta paga, aunque no se especifican los motivos.

Las visitas policiales llegan, según apuntan profesionales de trabajo social, «tras una denuncia» o bien de los vecinos o, incluso, de exparejas de las personas beneficiarias. «Se han dado casos de vecinos molestos porque en un piso viven varias personas de una etnia determinada o procedentes de otro país», explican algunas fuentes. Otros recuerdan casos «de denuncias realizadas por hombres que no admiten que su expareja haya iniciado una nueva relación». Acusa él a su ex, perceptora de salario social, de vivir con el nuevo novio y no haber comunicado el cambio en su situación familiar al Principado.

Con estas denuncias realizadas de forma oficial, en varios municipios se ha pedido «a la Policía que acuda a comprobar si los datos de empadronamiento son ciertos». Siempre por orden de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

Una situación que el departamento que dirige Pilar Varela confirma. Según explican desde la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, la presencia de la Policía en los domicilios de los beneficiarios llega «para hacer llegar determinadas notificaciones, contrastar información o apoyar en el caso de la comprobación de denuncias». Aseguran las mismas fuentes que el Principado lo hace «en el marco de la gestión de las prestaciones sociales y en colaboración con los ayuntamientos».

Mientras, desde ayuntamientos como el de Gijón se apunta que «no tenemos efectivos para hacer ese trabajo», desde la Red contra la Pobreza en Asturias (EAPN), se pide «acabar con el bulo del fraude». El presidente de la entidad, que aglutina a un treintena de entidades sin ánimo de lucro, Héctor Colunga, cree «necesario que existan mecanismos de control», pero advierte del riesgo que se corre «de que la gente se construya un imaginario no real de que las personas hacen fraude con el salario social».

Algo que él no concibe. «No es posible hacer fraude con una ayuda que solo da para sobrevivir», explica en referencia a lo escaso de las cuantías, que oscilan entre los 443 euros para personas que vivan solas y no tengan discapacidad, y los 767 para familias de más de seis miembros en los que alguno tengan discapacidad. En opinión de Colunga, «necesitamos mecanismos ágiles de tramitación. Facilitarían el control»