Llegada de la alta velocidad a Asturias

Transición Ecológica estima que a la variante le faltan obras para cumplir el permiso ambiental

Para llegar a este punto la variante ha tenido que superar una cadena de auditorías en las que se ha verificado que cada detalle cumple con la normativa, que cada extintor está donde debe, el andén a la altura marcada, las luces con la intensidad exigida. Se analizó en fase de proyecto, lo comprobaron las direcciones de obra, se aseguró un organismo independiente de riesgos (AsBo, en el argot), volvió a mirar el auditor de la interoperabilidad (NoBo) y en las últimas semanas la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha chequeado que cada elemento cumpla con la normativa técnica. Decenas de profesionales han puesto su firma en el expediente asegurando que sí, es seguro que por los túneles pasen trenes que pesan 312 toneladas a velocidades de 200 kilómetros por hora con 299 viajeros dentro. Todo está en regla desde el punto de vista de la explotación y la normativa ferroviaria pero queda un frente ambiental pendiente.

El 15 de mayo pasado la sorpresa llegó en forma de Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras casi seis años de trámite y estudio el Ministerio para la Transición Ecológica publicó una resolución en la que modificaba la Declaración de Impacto Ambiental concedida a las obras en 2002. Consideraba que la perforación de los macrotúneles sigue detrayendo agua de arroyos, ríos y acuíferos de un espacio protegido en la vertiente leonesa; las filtraciones entran al interior de los túneles y, por la pendiente que tienen, salen del lado asturiano. La magnitud de este trasvase «no se llegó a prever ni se puso de manifiesto» durante la evaluación ambiental del estudio informativo previo a la obra, razonó el departamento que rige Teresa Ribera.

En consecuencia Transición Ecológica imponía a Adif, la empresa pública que coordina las obras, una serie de deberes. Exigía un nuevo estudio sobre los puntos por los que la vertiente del Duero pierde caudal que acaba en la variante, reponer todos los acuíferos, manantiales, arroyos y ríos afectados, analizar cómo está afectando el trasvase a la flora y la fauna y cómo al abastecimiento humano. Si técnicamente no es posible reparar el daño, tocaba sentarse con los afectados en una comisión de seguimiento y compensarles. «Esta medida debe programarse con la debida urgencia», apremiaba.

Pasados cinco meses y medio Adif no ha dado pasos en esa dirección. Según confirma Transición Ecológica, la única acción de la que tiene noticia es que el 27 de junio le remitió unas alegaciones a la decisión. En ellas defendía que ya había estudiado por dónde estaba el agua e invertido hasta donde se podía en sellar las fracturas, aunque se abría a seguir actuando en superficie. Aducía que es normal que los túneles atraigan agua y ponía otros ejemplos comparativos. Aportaba en su defensa miles de datos del control hidrológico que hace de los arroyos y ríos en superficie.

El pulso está servido y el cauce para resolver la discrepancia es el artículo 12 de la Ley de Evaluación Ambiental. Según el mismo, Adif remitió a Transición Ecológica sus argumentos, para que reconsiderara la decisión. El departamento que rige Teresa Ribera dejó pasar un mes sin responder, lo que, según la normativa, implica que «mantiene su criterio». Esto es, que los daños a las aguas leonesas exigen nuevos estudios, obras y compensación. Desde Transición Ecológica recuerdan además que su resolución causa efectos desde que llegó al BOE.

¿Cuál es el siguiente paso? Al mantenerse la discrepancia Adif debe elevar el asunto a Transportes, para que a su vez exponga la situación al Consejo de Ministros. En el momento en el que lo haga, Moncloa tiene 60 días para decantarse. «En tanto no se pronuncie el órgano que debe resolver la discrepancia, se considera que la declaración ambiental mantiene su eficacia», matiza la ley.

Así está la situación. Abrir sin tener todas las medidas correctoras incluidas en la declaración de impacto ambiental puede parecer extraño, pero hay ejemplos cercanos. Los permisos a la ampliación de El Musel, por ejemplo, incluían la obligación de reponer arena en la playa de San Lorenzo, algo que sigue pendiente 12 años después de acabadas las obras.