«En Sograndio no ha habido muertes por suerte, no gracias a la seguridad»

En memoria de la educadora asesinada en Badajoz precisamente por los menores que tenía bajo su responsabilidad en una vivienda tutelada. «Aquí no ha pasado por suerte, agresiones tenemos muchas, más de las que denunciamos, porque piensas siempre en el menor y sus circunstancias», aseguró Élida Vázquez, presidenta del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que dependen los menores tutelados.

Ambas encabezaron la concentración en la que participaron casi un centenar de personas ante la sede de dicha consejería, donde colocaron crespones negros y unas velas en recuerdo de Belén Cortés. Tras guardar un minuto de silencio, se leyó un comunicado en el que enviaron un abrazo «a su familia y sus amigos», a la vez que lamentaron «que una trabajadora sea brutalmente asesinada en el ejercicio de sus funciones». En el texto también se recoge que «el trabajo en responsabilidad penal con menores es una profesión vocacional, con una finalidad educativa y de reinserción social, pero no se debe olvidar que es una labor compleja que entraña riesgos y peligros, pues se trabaja con una población sensible, con problemas de agresividad y violencia». Por ello reclaman «medidas de seguridad» y «más plantilla».

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Lo dicen porque tanto en Sograndio, donde residen los menores con condena penal, como en los hogares de niños y niñas tutelados «falta personal». En Sograndio, Aida Rodrigo es muy clara: «hacen falta más profesionales y, sobre todo, más plantilla de seguridad, con medios que funcionen (los walkie-talkie fallan o se quedan sin batería cada cinco minutos) y con personal formado y preparado para el trabajo al que se enfrentan», pidió. Porque, según explicó, «nos estamos encontrando con vigilantes de seguridad que son más jóvenes que los internos que hay en Sograndio», ya que, aunque es un centro para menores, para quienes tienen largas condenas el juez puede decidir que permanezca en el centro, en lugar de pasar a la cárcel asturiana, hasta los 27 años.

Su compañera de sindicato, CSIF, y de cargo, la presidenta del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, también advierte de la falta de seguridad. «Nosotros tenemos un centro al que acuden menores con problemas de conducta, pero en todos podemos tener algún problema». Élida Vázquez explica que «intentamos que en los centros se sientan como en su casa, que lo es realmente, pero hablamos de menores con diferentes problemas y, a veces, hay agresiones». Algunas constan, pero, otras «muchas no, porque siempre pensamos en lo que pueda ser mejor para el menor y no lo decimos».

Lo que exige Vázquez es que «aumenten el personal. No podemos estar como estamos: a mínimos. Sin cubrir bajas o descansos, por ejemplo», lo que lleva, insiste, «a que haya educadoras solas durante la noche en algún centro», algo que, recuerda, «la consejera, Marta del Arco, dice que no puede pasar». Tal y como adelantó EL COMERCIO, en febrero, una educadora de un centro estuvo sola durante siete noches. El año pasado, en el último semestre se constataron hasta 30 noches con un único profesional al frente del centro tutelar.