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El asesinato de una educadora en un centro de menores en Badajoz ha vuelto la atención sobre las medidas que cada comunidad aplica para ... la reinserción de los jóvenes más problemáticos. En ese sentido el Gobierno de Asturias anunció ayer que quiere mejorar el centro de internamiento de menores, ubicado en Sograndio (Oviedo). Como casa juvenil abrió en 1927, regido por frailes, y ha sido luego reformatorio, cuartel durante la guerra civil y Colegio de Nuestra Señora de Covadonga, entre otros fines. Unas obras de 1972 le dieron su actual estructura. El complejo tiene ahora 60 plazas, de las que a finales de 2023 estaban ocupadas 38, según los últimos datos que ofrece la Fiscalía.
Preguntado por su futuro, Guillermo Peláez, el consejero de Hacienda y Justicia, dijo estar planteando «una serie de reformas para mejorar su funcionamiento». «Ante el vencimiento del contrato de seguridad vamos a incrementar a finales de año la partida para este fin«, agregó. »Estamos revisando también todos los protocolos de actuación para actualizarlos«, abundó. »Estamos revisando la relación de puestos de trabajo de todos los equipos educativos«, indicó.
El objetivo es «mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los menores que cumplen pena privativa de libertad». Su consejería admite que tiene pendiente de tomar una decisión: ir a una renovación integral del centro o construir otro nuevo. De momento «vamos a intentar mejorar las instalaciones, hacer esas pequeñas reformas mientras valoramos las dos opciones».
Peláez informó del asunto tras un Consejo de Gobierno que autorizó el reparto de los diez millones con los que este año ha dotado al Fondo de Cooperación Local. Este presupuesto se reparte entre los 74 concejos de menos de 40.000 habitantes y los consistorios «pueden gastarlo libremente en lo que consideren necesario», explicó Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y Cooperación Local. La partida crece un 10% respecto a la de 2024, y el reparto se ha logrado aprobar siete días antes que entonces. El compromiso del Ejecutivo es seguir ampliando el fondo «hasta alcanzar los 13,3 millones en 2027», recordó el consejero.
La idea es «garantizar que cualquier ayuntamiento, por pequeño que sea, tenga recursos para mejorar el bienestar de su población», describió Calvo. La distribución se realiza «con criterios solidarios, objetivos y transparentes», en los que el 40% se reparte a partes iguales (59.459 euros por consistorio), el 30% es en función de la población, el 19% se decide en base a la dispersión territorial, el 5% por el envejecimiento, el 3% por la extensión y el restante 3% va en función de la orografía adversa, entendida según los kilómetros con pendiente superior al 20%.
Aplicadas las fórmulas, resulta un reparto que varía «entre los 314.705 euros de Cangas del Narcea y los 81.500 de Caravia, que son los dos extremos», identificó el consejero. En el caso del primero, la aportación equivale al 2% de su presupuesto, mientras para Caravia supone el 5,2% de los recursos esperados este año.
Por otra parte el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 2,5 millones para la convocatoria de subvenciones de uso de energías renovables; el pasado curso estas ayudas contaban con dos millones y se agotaron al 96%. También se dio luz verde a una convocatoria de ayudas para la compra de maquinaria que refuerce la seguridad.
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