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OLGA ESTEBAN
GIJÓN.
Lunes, 3 de diciembre 2018, 02:30
El Principado quiere revolucionar la forma de enseñar y pretende hacerlo basándose en las tecnologías. En esa búsqueda, lo primero que va a hacer es analizar con qué infraestructura cuentan los colegios e institutos de la región y con cuál deberían contar, tal ... y como adelantó ayer EL COMERCIO. Según explicaciones de la propia Consejería de Educación, no se dispone de un inventario completo de los medios (ordenadores, portátiles, tablets, pizarras digitales...) de los que dispone toda la red educativa pública asturiana, porque a las herramientas que cede la administración, aseguran, se suman las que hayan podido adquirir los centros en el uso de su autonomía. Por tanto, no hay información, al menos oficial, sobre cuál es la situación actual en cuanto a dotación.
Sí hay estadísticas del Ministerio de Educación, que dice que en Asturias el número medio de alumnos por ordenador en los centros públicos es de 2,2, unas de las mejores ratios del país. En cualquier caso, esa estadística incluye los ordenadores que estén en las salas de profesores. Y quizás incluya material que, efectivamente, está inventariado, pero en desuso u obsoleto.
Porque eso sucede en muchos centros. Entre ese material hay que incluir los famosos miniportátiles que el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre repartió en su momento entre todos los alumnos de quinto de Primaria, sumándose a un plan del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. A finales de 2009 llegaban a las aulas los primeros portátiles incluidos en el plan Escuela 2.0. El objetivo era repartir uno a cada uno de los 6.800 alumnos que, aproximadamente, cursaban quinto. Era un plan del Gobierno central y Asturias se sumó. Y lo hizo con varios matices. Se anunció que los portátiles serían propiedad de los alumnos, algo que luego se corrigió. Se dijo que habría también convenios con la concertada, algo que después se rechazó. Aquella primera fase tuvo un presupuesto de licitación de 2,4 millones, aproximadamente.
Dos años después, cuando parecía que el proyecto estaba finiquitado, el Gobierno central destinó otros dos millones para 6.600 portátiles más. En aquella ocasión, la consejera Ana González anunció que los ordenadores pasarían a ser propiedad del centro.
Han pasado nueve años desde que aquella Escuela 2.0 se puso en marcha. De aquellos primeros portátiles, que pasaron de curso con los alumnos y que, por tanto, les acompañaron al instituto a hacer Secundaria, algunos ya no están en los centros. Hubo algunas familias, aunque las menos, que incluso se negaron a devolverlos, porque las primeras instrucciones decían que eran propiedad de los chicos y chicas, aunque la consejería rectificara luego y solicitara su devolución una vez finalizada la enseñanza obligatoria. De los casi 15.000 miniportátiles que se repartieron, muchos aún duran. Y «vamos tirando de ellos», dicen los profesores.
Los 'minis', como se refieren a ellos coloquialmente los docentes, resisten. Pero como era de esperar, algunos están deteriorados o directamente inutilizables. Otros no, pero arrastran un problema. El uso fundamental que los colegios pretendían darles era la conexión a internet. Conexión que no existía, o no existe aún (aunque esta situación se está corrigiendo), en todas las aulas.
Hay un detalle significativo. Uno de los centros asturianos que hoy se ha convertido en pionero del uso de la tecnología aplicada a la enseñanza es el colegio San Pedro de los Arcos de Oviedo. Su pionera aula de 'Rincones Tecnológicos' nació de 16 equipos informáticos «antiguos pero en perfecto funcionamiento» y del aprovechamiento de tablets «que existían en el centro y se encontraban en desuso».
Tras la Escuela 2.0 no ha habido ningún otro plan de entrega masiva de material informático a los colegios. La última gran inversión se ha centrado en la mejora de la conexión de los centros. Asturias se sumó al proyecto 'Escuelas conectadas', un convenio trilateral de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la comunidad autónoma y la entidad pública empresarial RED.ES para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. La iniciativa contaba con fondos europeos.
El único requisito de los centros para sumarse al plan es impartir enseñanzas obligatorias. De esta forma se llegará a unos 400 centros, en los que se invertirán algo más de siete millones de euros, de los que la mayoría los aporta RED.ES (unos seis millones) y, el resto, el Principado. Aunque estaba previsto que las instalaciones finalizaran el pasado verano, se alargarán hasta principios del próximo año.
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