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El presidente del Principado rompió el silencio que hasta ahora había mantenido en relación a la polémica generada en torno al salario social y fue, en sede parlamentaria, tan tajante o más que su propia consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social. «La ... persona que esté en condiciones de trabajar y rechace trabajar perderá el salario social. Eso es así», declaró con rotundidad. Adrián Barbón ratifica de este modo el discurso de Melania Álvarez que, en una entrevista a EL COMERCIO, compartió su preocupación por el hecho de que hubiera personas perceptoras de esta renta mínima autonómica que no hubieran cogido el teléfono a los técnicos de su consejería cuando trataron de ponerse en contacto con ellas para ofrecerles un trabajo. Unas palabras que generaron duras críticas tanto por parte de Podemos e IU, que acusaron a Álvarez de criminalizar a los más vulnerables, como por parte de Vox, que interpretó este hecho como la demostración del fracaso de este sistema de ayudas.
Precisamente en respuesta a una pregunta formulada por Vox en sede parlamentaria en esta misma línea, Barbón salió en defensa del salario social asturiano, del que dijo «sentirse orgulloso». El presidente del Principado pidió respeto a los perceptores de esta ayuda ante lo que interpretó como «ataques» por parte parte del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, al que acusó de querer hacer desaparecer este tipo de rentas mínimas. «Les molesta. Sus postulados con respecto a las personas más vulnerables son profundamente antihumanistas porque entienden que el que es pobre es porque se lo merece, y punto», reprochó.
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Pero recordó también que, atendiendo a la ley de Garantías de Derechos y Prestaciones Vitales, el Principado está obligado a ofrecer «medidas de incorporación social y económicas» para las personas que reciben esta ayudas y argumentó que, si bien es «un derecho blindado legalmente, no puede ser un destino final. Buscamos que la gente pueda acceder al mercado laboral y pueda tener una salida profesional».
De este modo, en línea con el discurso que viene defendiendo en los últimos días la titular de Derechos Sociales, Barbón insistió en que el salario social no puede ser una «estación de destino» salvo para «determinado grupo de personas que sí o sí va a tener que seguir recibiendo esta ayuda porque no tiene otra posibilidad». El Gobierno regional, recordó, está trabajando en diferentes itinerarios para dar salida profesional a quienes, teniendo capacidad para trabajar, cobran en este momento el salario social, y señaló que ya hay 3.000 personas que están inmersas en procesos de inclusión puestos en marcha por la consejería a través de diferentes convenios.
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