La Fiscalía critica que las investigaciones se alargan por problemas de reparto entre jueces

Desde que Azucena V. entrase en la comisaría de Gijón para denunciar a la funcionaria Marta Renedo hasta que el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva del 'caso Renedo', la mayor trama de corrupción en la región que llega a juicio, han tenido que pasar 3.505 días. En su fallo, los magistrados asumen que esos nueve años y medio es un tiempo excesivo y se han visto obligados a aplicar el atenuante de dilaciones indebidas. Es decir, recortaron los años de cárcel que debían corresponder a cada condenado para compensarles por el exceso de papeleo y trámite sufrido.

Los retrasos están a la orden del día en los juzgados asturianos. A averiguar sus causas dedica un capítulo de su memoria anual la Fiscalía de la región. El Ministerio Público considera «aceptable en términos generales el tiempo de respuesta ante los distintos delitos», pero encuentra un amplio margen de mejora si la Administración pone más recursos y si los magistrados se replantean su forma de proceder.

«Quizás lo que ocasiona más retrasos en la fase de instrucción son las numerosas cuestiones de competencia que se plantean entre distintos Juzgados», observa. La expresión alude a las disputas que se dan entre magistrados a la hora de entender que un asunto que les ha sido encomendado en realidad le correspondería a otro compañero. El pasado curso, detalla la memoria, once denuncias pasaron tiempo detenidas a la espera de que se resolvieran cuestiones de competencia; en gran parte de ellas «en realidad, se trataba de discrepancias en el reparto», aprecia el Ministerio Público. «No contribuye nada a solucionar estos problemas el que no exista un criterio uniforme de reparto en los distintos partidos judiciales», añade.

La disparidad de pareceres provoca que también se «generen dilaciones importantes» cuando un magistrado de instrucción solicita al de otro partido judicial que le interrogue a uno de sus vecinos. Este mecanismo, denominado exhorto, está diseñado para ganar tiempo y evitar desplazamientos inútiles; si un investigador de Oviedo necesita saber la versión de un ciudadano afincado en Cangas del Narcea puede citarle en la capital o mandar el cuestionario a su colega del suroccidente para facilitar la diligencia. Así debería funcionar en teoría, pero «la tendencia actual» de parte de los magistrados es no tramitar esas peticiones de sus compañeros al entender que los interrogatorios «han de realizarse a través de videoconferencias», revela. Como en la mayoría de los juzgados el sistema para ello está instalado en la sala de juicios hay que esperar a un día sin vistas «sin perjuicio de los problemas técnicos que impiden en ocasiones la realización de las mismas».

Entre las causas que alargan los pleitos, el departamento que rige Esther Fernández lamenta «las suspensiones por incomparecencias injustificadas de acusados o testigos, pero también las deficiencias en las citaciones de los mismos». Estos errores a la hora de reclamar la presencia de sospechosos, afectados o testigos han provocado un incremento «notable» de las suspensiones de juicios, hasta llegar al 40,08%, advierte la memoria. «El mayor incremento se produjo en los juicios por delitos leves, con un aumento del 124,2%», remarca. En total, de los 9.533 juicios que fueron señalados en 2018 se suspendieron 685, esto es, el 7,18%.

Hasta aquí los factores que alargan los procedimientos y que la fiscalía atribuye a errores en el funcionamiento interno de la Justicia. Fuera de ellos, la memoria se lamenta por la «carencia de medios, que es especialmente patente en lo que se refiere a la elaboración de informes periciales, pruebas caligráficas, lofoscópicas, etcétera, y sobre todo, de ADN y otras de carácter científico».

Retrasa también «la petición de informes a organismos públicos y el tiempo de contestación», refleja el documento. La Intervención General del Estado, que ha tenido participación para aclarar las causas sobre El Musel, el geriátrico de Felechosa y las subvenciones a UGT, está llegando a rechazar emitir nuevos informes por falta de personal, según relevó en 'El País'.

Tardan los auditores públicos y la respuesta a los oficios remitidos «a entidades bancarias y a operadoras telefónicas en los delitos de estafas cometidas a través de internet», refleja en su informe el Ministerio Público.