El rector aboga por colaborar con el Principado para sacar provecho a los fondos de transición

De educación superior, pero sobre todo de investigación, de cambio climático y de transición ecológica se habló en la Universidad de Oviedo durante la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de las universidades, que la institución académica asturiana adelantó a ayer. Lo hizo el encargado de pronunciar la conferencia, el médico e investigador Salvador Moncada, y lo hizo también el rector. Santiago García Granda, aseguró que «en esta coyuntura en la que estamos», siendo Asturias una de las regiones más afectadas por el proceso de descarbonización, «depende mucho de que seamos capaces de tener proyectos coordinados con el Gobierno del Principado para sacar mejor provecho de los fondos que lleguen, sobre todo de la Unión Europea». Lo dijo en referencia al Fondo para la Transición Justa previsto por el Consejo Europeo, que podría nacer con 7.500 millones para el periodo 2021-2027 y que inicialmente atribuye a España unos 307 millones, el 4% del total. Y porque «necesitamos cada vez más medios», reconoció.

De ahí la importancia que confirió a desarrollar, desde el ámbito académico, y en coordinación con el Ejecutivo regional, proyectos de investigación específicos sobre la transición ecológica -«como la economía circular, la descarbonización o la lucha contra especies invasoras», detalló- y el reto demográfico.

Ambas misiones científicas -el envejecimiento activo y la longevidad, así como de la disminución de emisiones y gases de efecto invernadero- serán las dos líneas estratégicas que marcarán la hoja de ruta en materia de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) en el Principado hasta 2030. Y obtener financiación por esta vía será, dijo durante su discurso el rector, «una de nuestras prioridades».

Durante su discurso en el solemne acto celebrado en la biblioteca del edificio histórico -en el que también se entregaron los premios extraordinarios de doctorado del curso 2017/2018 -entre ellos, el de la exedil de Podemos en Gijón Alba González, quien renunció a la Dirección General de Igualda de Trato y Diversidad Étnica tras las críticas recibidas por no ser una mujer «racializada»- y los premios especiales de la facultad de Derecho del curso 2018/2019- García Granda habló también de la necesidad de «aprovechar sinergias» con el Gobierno autonómico a través del programa de retorno del talento 'Margarita Salas' que tiene previsto poner en marcha. No dejó pasar tampoco la oportunidad de reclamarle un mayor compromiso «económico y social» con la institución «a través de los jóvenes valores académicos y científicos que aporta la Universidad».

Esta, por su parte, incrementará este año el número de contratos predoctorales del programa propio de promoción de la investigación, al que destina un millón de euros de su presupuesto. Y, según avanzó, hará frente a las mejoras salariales derivadas de la aplicación del Estatuto del Personal Investigador en Formación, las que resultan de la aplicación de las leyes de Presupuestos de 2018 y 2019 al personal contratado en proyectos de investigación y las derivadas de las evaluaciones positivas del sexenio de transferencia.

También se mostró confiado en que «la recuperación económica y la determinación política permitan que los consejos sociales actúen en esa otra vertiente de valorización social de las universidades españolas, haciéndolas más atractivas para la inversión pública, pero sobre todo para la inversión privada, como ocurre en otras sociedades avanzadas».

Previamente, Santiago García Granda había reconocido como «un reto no cumplido» de su mandato el tener plenamente operativo el proyecto de administración electrónica, lo que redundaría en una mejor gestión de los proyectos de investigación. La cuestión es que la tarea depende del servicio de informática, que se está reorganizando y aunque «funciona bien» aún cuenta con «recursos humanos muy escasos», justificó.

El rector recordó asimismo que este año la institución académica desarrollará una oferta de empleo público que en lo que respecta al personal de administración y servicios será la mayor de la última década con más de cien plazas, entre las 80 de la OPE de este año y las convocatorias pendientes de 2017, 2018 y 2019. De personal investigador y docente se convocarán 129 plazas. La intención, subrayó, es «reducir la precariedad en las contrataciones temporales».