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«Fueron las educadoras las primeras que advirtieron que algo estaba pasando. Alertaron porque las veían llegar de la calle con dinero. Y una de las menores contó lo que le estaba pasando ... ». Élida Vázquez preside el comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Pero no quiere hablar como presidenta de un órgano que aún no se ha pronunciado sobre la red de abuso sexual y prostitución a la que estaban sometidas cinco menores tuteladas por el Principado. «Hablo como delegada de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF)» precisa, y «como alguien muy preocupada por lo que está sucediendo».
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Lo que está sucediendo es que el pasado martes la Policía Nacional hizo pública una operación en Asturias que concluyó con 12 detenidos, hombres de entre 26 y 44 años, acusados de abusar sexualmente y obligar a prostituirse a cinco niñas, de entre 13 y 17 años, tuteladas por el Principado. Dada la gravedad de los hechos y la edad de las víctimas, se ha decretado el secreto del sumario. Esta operación ha vuelto a poner encima de la mesa las vías de agua que tiene el modelo actual de tutela de menores por parte de la administración. Unos fallos que ya desveló EL COMERCIO el pasado mes de marzo, con las denuncias de varios familiares de menores cuya tutela está en manos del Principado y que se habían fugado de sus centros.
19 de enero La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar denuncia los abusos y explotación sexual que están sufriendo cinco niñas, de entre 13 y 17 años, a las que tutela. Las educadoras se habían percatado de que volvían de sus salidas con dinero. Una de las niñas contó lo que le estaba pasando. Cuatro de ellas siguen tuteladas. Una, ha vuelto con su familia. Todas tienen asistencia psicológica y letrada.
7 de mayo La Policía Nacional hace pública la investigación, que concluyó con la detención de 12 hombres (dos de ellos en Madrid, donde siguen), de entre 26 y 44 años. A dos de ellos se les acusa de agredir sexualmente y obligar a prostituirse a las menores. De los diez encausados en Asturias, uno de ellos está ya en prisión y otro se ha dado a la fuga. Los ocho restantes están en libertad, con orden de alejamiento.
Lo ocurrido se enmarca, para la portavoz del CSIF, en que «con las menores tuteladas estamos llegando tarde», porque el perfil que llega ahora al sistema de protección «no es el de antes, los bebés o niños y niñas muy pequeños». La mayoría de los menores de cuya tutela se tiene que hacer cargo ahora, y desde hace unos años, «son adolescentes». Explica que «se trabaja mucho en las políticas de intervención familiar, de mantener al menor el mayor tiempo posible con su familia, pero, cuando el proceso no funciona, de repente el adolescente llega a un centro y viene con mucho dolor. Con mucho daño».
Una extrema vulnerabilidad que, en algunos casos, «está acompañada por el consumo de drogas», lo que incrementa aún más «el riesgo en el que están estas niñas» que, deja claro Élida Vázquez, «están en su casa, no en una prisión. Tenemos que tener claro que los menores tutelados viven en centros como vivirían con sus familias, con permiso para entrar y salir. No están en régimen de prisión».
Aunque cree que «el sistema funcionó, porque fue la Consejería la que denunció», sí considera que son necesarias medidas para impedir que se vuelvan a repetir no solo casos tan graves, sino otros como las numerosas fugas que protagonizan los adolescentes tutelados.
«Es necesaria más plantilla. Por lo menos, un educador más por turno», en referencia a los tres en los que trabajan los profesionales de infancia: mañana, tarde y noche. «Estamos trabajando en unidades de convivencia de seis o siete menores», algo que ella aplaude, «pero no puede ser que, por ejemplo, en centros de varios pisos, de pronto falte el educador de noche de uno de ellos. Así no se puede controlar».
Y, también, «atención psíquica. Muchos menores llegan con problemas de salud mental y no hay protocolo para atenderlos».
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