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La detención de doce personas que supuestamente se dedicaban a la explotación sexual de cinco menores tuteladas por el Principado de Asturias, y la comparecencia inicial en la tarde de ayer de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, rechazando ... fallos en el sistema de tutela y refiriéndose a los graves hechos como «cosas de la vida» ha generado las primeras reacciones políticas.
Las más duras, sin lugar a duda, por parte de PP y Vox. El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Luis Venta, calificó de «inaceptable y despreciable» que la titular de Derechos Sociales se hubiera referido a lo ocurrido con la citada expresión. Algo que, en su opinión, la «inhabilita» a seguir ejerciendo sus responsabilidades como consejera. Le acusó de «frivolizar con un tema muy grave que afecta a menores» y «sacar lo peor de la política: todo vale para proteger al político de turno». Y es que Luis Venta entiende que debe caer «todo el peso de la ley» sobre los presuntos delincuentes, pero también considera que deben depurarse las responsabilidades políticas. «Si no es un fallo del sistema es una negligencia de quien mantiene este sistema. Falla el sistema, fallan las políticas socialistas y falla la consejera», censuró.
Desde Vox se dio un paso más allá y se quiso vincular lo sucedido con el PSOE y con la emigración ilegal. El diputado Javier Jové considera que «no es casual» que este tipo de sucesos se hayan dado en el pasado en varias comunidades en las que gobernaba el PSOE, como Valencia y Baleares, y que ahora se reproduzcan en Asturias. Tampoco, opina el diputado de Vox, «se puede desvincular al fenómeno de emigración ilegal». El parlamentario carga duramente contra el Gobierno regional al entender que las políticas de tutela en el Principado «no están cumpliendo con su función» y que la consejera «ha tratado de escurrir el bulto denunciando los hechos para salvar la cara».
Mucho más comedidos en sus declaraciones, los diputados del Grupo Mixto pidieron explicaciones por lo sucedido e incluso una revisión del modelo de tutela, aunque evitaron en todo momento responsabilizar al Gobierno regional de lo ocurrido. La diputada Covadonga Tomé pidió expresamente no tratar de sacar «rédito político» a lo ocurrido, aunque sí reclamó una revisión del modelo y apuntó a la falta de recursos humanos en los centros, aunque entendiendo que los hechos ocurridos «exceden de la capacidad del Gobierno para manejarlos». Por su parte, el diputado de Foro, Adrián Pumares, celebró que la consejera haya pedido comparecer a petición propia para dar las explicaciones oportunas por estos hechos. «Tiene que dar las explicaciones oportunas con la máxima transparencia», pidió.
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Chelo Tuya
PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, formaciones que sostienen el Gobierno regional, hicieron cierre de filas. La portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, aplaudió la decisión de la consejería de presentarse como acusación particular y se mostró convencida de que el Principado «va a utilizar todos los instrumentos a su alcance» para proteger a las menores. El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, recriminó el «oportunismo de PP y Vox» por llevar este tema al próximo pleno de la Junta, a través de sendas interpelaciones al Consejo de Gobierno, y pidió sacar del «foco» a las menores víctimas de explotación sexual. Además, quiso aclarar que las niñas, aunque tuteladas por el Principado, no están privadas de libertad. «Los centros de menores en Asturias, afortunadamente, no son cárceles, no son prisiones», quiso subrayar.
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