Los protagonistas del 'caso Renedo'

El llamado 'caso Renedo' sentó en el banquillo a trece personas. Ex altos cargos del Principado, funcionarios municipales y empresarios se vieron salpicados por la mayor trama de corrupción destapada en Asturias. No obstante, fueron cinco de ellos los que pusieron rostro a un caso cuya investigación y juicio se han prolongaron más de siete años. Son el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, quien fuera su número dos, María Jesús Otero, la exfuncionaria Marta Renedo y los propietarios de las compañías Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA), Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.

Consejero de Educación entre los años 2003 y 2010, José Luis Iglesias Riopedre era uno de los hombres más solventes de los gobiernos del socialista Vicente Álvarez Areces. De hecho, cuando las acusaciones empezaron a caer sobre él, el asombro fue mayúsculo entre quienes lo conocían. Está acusado de aprovechar su puesto para favorecer a la empresa de hijo, Geogal, y se benefició de prebendas como viajes. Por ejemplo, disfrutó, junto a su esposa, de una estancia en Tenerife que costearon Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA). Fue juzgado por delitos de prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho.

Empresaria de éxito, María Jesús Otero transfirió sus negocios antes de aumir una Dirección General en la Consejería de Educación. Desde ese cargo, según la investigación, favoreció a las empresas Igrafo y APSA, que habrían aportado en torno a 2,4 millones de euros a sus empresas y cuentas privadas. Joyas, viajes o facturas en restaurantes son algunos de los cargos que habrían asumido las empresas a cambio de contratos públicos. Enfrentaba cargos por delitos de prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho.

Las numerosas facturas en ropa y calzado que abonaba la hoy exfuncionaria Marta Renedo representan el menor desembolso de una empleada de la administración que pagó al contado un piso de 400.000 euros y que cuenta con una finca en Cadavedo (Valdés) cuya piscina fue costeada por Igrafo, según la investigación. Falsificación de firmas, suplantación de identidad y adjudicación irregular de contratos son algunos de los hechos que se le imputan. El Principado cifró en 1,5 millones la cuantía que se apropió. Se sentó en el banquillo por un delito continuado de falsificación de documento oficial en concurso con otro de malversación de caudales públicos y cohecho.

Conocido como 'el pajarita', ya que suele lucir este complemento, Víctor Muñiz, el gerente de Igrafo, está acusado de pasar facturas falsas a la Consejería de Educación y a Marta Renedo, que las tramitaba a cambio de diferentes regalos. El Principado cree que en el departamento de Riopedre y Otero se llevó 700.000 euros en solo dos años. Hacienda le atribuye la comisión de seis delitos fiscales y el desfalco de 1,4 millones de euros. Autor de cohecho y falsificación, fraude, exacciones ilegales y malversación son los cargos que se le imputaban.

Al igual que Muñiz, Alfonso Carlos Sánchez, gerente de APSA, está acusado de agasajar a Otero y a Renedo a cambio de que le admitieran facturas falsas. El Principado estimó el fraude en 3,3 millones. No obstante, sus operaciones para conseguir beneficios públicos no se limitan a la administración asturiana. Se calcula que en cuatro años repartió 550 jamones y miles de botellas de vino entre, al menos, 850 políticos de toda España. La investigación también sacó a la luz una factura de 2.000 mecheros e insignias utilizados en la campaña de 2007 de la candidatura socialista. Se sentó en el banquillo con cargos similares a los de Muñiz.