R. MUÑIZ
GIJÓN.
Lunes, 7 de junio 2021, 00:39
El Principado encara una renovación masiva de su personal por imperativo legal y biológico. En los próximos cinco años 6.067 trabajadores fijos alcanzarán la edad de jubilación. Un acuerdo firmado por el Gobierno central, UGT, CCOO y CSIF impone la obligación legal ... de reducir la interinidad por debajo del 8% en 2022, lo que exige sustituir miles de contratos temporales actuales por otros fijos.
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Se acerca así un tiempo de salidas que Función Pública quiere aprovechar para redefinir la relación de puestos de trabajo. El presidente, Adrián Barbón, anticipó que se amortizarían funciones que han quedado obsoletas para incorporar profesionales de los que ahora carece el Principado. El vicepresidente Juan Cofiño puso como ejemplo que entre los 39.900 trabajadores fijos del Principado no hay un solo ingeniero de datos, perfil en ascenso en el sector privado.
Los próximos serán años de procesos de selección masivos. Las necesidades de personal se centrarán en el sanitario y docente. Entre ambos suponen el 72% de los puestos fijos que hay ahora en la plantilla del Principado.
El Servicio de Salud (Sespa) es el que afronta un calendario de jubilaciones más exigente. Este año llegan a la edad del retiro 597 efectivos y la cuenta ascenderá hasta los 778 de 2024. En total son 3.607 médicos, enfermeras, celadores y otros los que podrán optar a dejar de trabajar en este lustro y 6.960 hasta el final de la década. La intención del Sespa es culminar este ejercicio «procesos selectivos masivos desarrollados en 2019 y que permitirán incorporar a más de 2.500 trabajadores fijos», indican en Función Pública. «Además, se plantea desarrollar nuevos procesos selectivos de gran volumen de plaza en el segundo semestre de 2021 y durante 2022, enfermería, por ejemplo», anticipa.
El segundo frente está en Educación. Este año espera la jubilación de 67 profesionales y las salidas irán creciendo sin descanso hasta alcanzar las 436 previstas solo en 2026. En total de aquí a 2030 se espera el cese por jubilación de casi 3.000 profesionales. En este campo apremia más la obligación de rebajar la tasa de interinidad, que fuentes sindicales sitúan sobre el 30%. Hasta ahora los procesos eran alternativos, un año de maestros y otro de profesores de secundaria. Para ampliar la lista de plazas ofertadas «la intención del Gobierno es incrementar la oferta de empleo del profesorado cediendo tasa de reposición de otros ámbitos de la Administración con el objetivo de 'acelerar' el proceso de reducción de la temporalidad del personal docente», según Función Pública.
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El tercer área de renovación es el de personal de administración y servicios. Se trata de puestos de administrativo, gestor y auxiliar, donde habrá 928 jubilaciones hasta 2025 y otras 1.060 hasta final de la década. Las ofertas públicas de empleo pendientes de ejecutar del periodo 2016-2019 supondrán aquí la incorporación de 2.262 nuevos trabajadores fijos.
El PP pidió ayer al Principado que suspenda las ofertas de empleo público cuyo proceso selectivo no se haya iniciado, y en las que las que se oferten plazas cubiertas por trabajadores en abuso de temporalidad, según indicó el portavoz adjunto, Pablo González, que quiere que estas convocatorias se paralicen hasta conocer los planes del ministerio para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). «De manera sorprendente, hace dos semanas, el mismo Principado que decía que sólo cabía esperar, inicia un proceso de 'regularización' con el que reabre la inseguridad jurídica y la litigiosidad de miles de interinos de la Administración regional», apunta Pablo González.
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