El Principado mejorará las deducciones existentes en el IRPF para «llegar a más asturianos»

Se introduce un cambio metodológico que ampliará la cantidad de asturianos que pueden acogerse a estos beneficios fiscales. Hasta ahora parte de las deducciones solo se podían aplicar a quienes vivían en zonas rurales que entraban en la calificación de «riesgo de despoblación». «Sustituiremos la zona en riesgo por el concejo en riesgo de despoblación», avanzó la titular de Hacienda.

La administración confía en que las novedades sean de aplicación ya en la declaración a efectuar el año que viene. Entre mejoras y novedades habría ahorros fiscales mejorados para quienes acogen a mayores de 65 años sin cobrarles alquiler, pagan el alquiler de una vivienda principal, pasan un parto múltiple o alumbran un hijo, tienen una familia monoparental o numerosa, hacen un acogimiento internacional de menores, adquieren libros de texto y material escolar. También las hay mejoradas para quien se establezcan por cuenta propia en concejos en riesgo de despoblación, adquieran o rehabiliten una vivienda en los mismos municipios. Por otra parte habrá rebaja de impuestos a las explotaciones agrarias y las actividades económicas en suelo rústico.

Cárcaba respondía así al diputado Manuel Cifuentes, de Ciudadanos, quien reclamó una deflactación del IRPF porque «las medidas quirúrgicas que están adoptando no son suficientes ni llegan a todos los que lo necesitan». Cifuentes solicitó que se devuelva a los asturianos parte de los recursos que están perdiendo por culpa de la inflación, «ese impuesto sin ley que lo respalde». La titular de Hacienda opuso que la deflactación que defienden los naranjas «supondría un ahorro fiscal de 60 euros para alguien con unos rendimientos del trabajo de 20.000 euros, y más del doble para unos rendimientos de 60.000. La única forma de que la progresividad no se pierda con esa medida sería incrementar el impuesto al resto de los tramos», esbozó. «No creemos que sea el momento de una bajada generalizada de los impuestos, y no lo creemos ni nosotros ni los organismos internacionales ni los técnicos de Hacienda», defendió una vez más Cárcaba.

En el pleno de la Junta General el secretario general del PP, Álvaro Queipo, también se interesó por la situación del inmueble ubicado en el barrio de Malasaña (Madrid) que el Principado utilizó en épocas pasadas como embajada. «Se nos encienden las alarmas, entre 2006 y 2021 llegó a tener asignados casi dos millones, su responsable tenía rango de viceconsejero y cobraba 68.000 euros anuales, contaba con siete funcionarios a su cargo con salarios de entre 43.000 y 48.000 euros al año», dijo. El diputado recordó que en el presupuesto en vigor hay una partida de 60.000 euros para abrir en el inmueble una oficina de captación de inversiones pero «con ese dinero a duras penas pueden cubrir los sofás, que costaron 50.000 euros en su momento».

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, indicó que sus técnicos están «evaluando las posibilidades para rentabilizar al máximo» el inmueble. Según relató, en 2016 fue alquilado a una empresa mediante un contrato de arrendamiento «por cinco años, ampliable. Hace dos años aproximadamente la empresa dejó de abonar a la administración varias mensualidades y tras reiteradas reclamaciones, el Principado acudió a los tribunales». La sentencia en primera instancia fue «desfavorable y la tenemos recurrida». «Hace unas semanas la empresa optó por abandonar el inmueble y está siendo revisado por los técnicos», dijo. «En este momento estamos intentando que se recupere el suministro eléctrico, que el anterior inquilino dio de baja». El inmueble «no tiene una configuración de usos sencilla», reconoció. Entre las finalidades que se exploran está «destinar una parte a la Oficina Económica de Asturias en Madrid».

También hubo preguntas sobre el sistema de atención ciudadana puesto en marcha por el Principado. El portavoz de Foro, Adrián Pumares, cargó contra la cita previa entendiendo que «es lo mismo que levantar una tapia» y dificulta las gestiones a la población mayor, «que tiene que pedir ayuda». La consejera de Presidencia, Rita Camblor, recordó que la cita previa «dejó de ser obligatoria en octubre de 2021, ahora es voluntaria», y aseguró que a los ciudadanos que no la han sacado se les recibe también en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana.

«Se han atendido 223.000 llamadas este año y a 76.400 personas presencialmente», cifró. Quienes se acercan a las dependencias encuentran un aparato que permite valorar el trato recibido. «Aunque suelen tener un sesgo negativo, en 2021 se cubrieron 1.170 formularios y el 66,99% calificó la atención de buena o muy buena», anotó.