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El Principado podría autorizar la caza de entre 32 y 36 lobos en Asturias si decide establecer como criterio el último utilizado por la Consejería de Medio Rural en el programa de control del lobo 2022-2023, durante la pasada legislatura. Una propuesta para la gestión de esta especie que el Gobierno regional trató de poner en marcha en el verano de 2022, después de que el lobo se incluyera en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), en un intento de adaptar el plan de gestión al nuevo estatus de la especie y esquivar su protección, pero que resultó fallido. La resolución la consejería que en aquel momento encabezaba Alejandro Calvo fue impugnada por asociaciones ecologistas en los tribunales y quedó suspendida. Ahora, después de que el Congreso de los diputados haya vuelto a rebajar por ley la protección del lobo y se permita nuevamente a las Administraciones autonómicas matar ejemplares para preservar el ganado, aquel papel guardado en el cajón de la consejería podría volver a tener valor.
El plan 2022-2023 implicaba un cambio de criterio para fijar el número de capturas con respecto al que se venía utilizando hasta la fecha, y que consistía en la fijación de cupos concretos en función de las zonas. El Principado, en agosto de 2022, estableció por primera vez un porcentaje máximo de extracciones para toda la comunidad, concretamente del 9% de la población, que corresponde a la tasa media de capturas de los últimos veinte años, argumentando que ese criterio permitiría «garantizar una población estable y sostenible de la especie», tal y como recogía la resolución.
Teniendo en cuenta los últimos datos oficiales, en Asturias habría actualmente 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, y por lo tanto se estima una población de entre los 360 y los 405 ejemplares. De esta forma, siguiendo el citado criterio, el Gobierno regional podría autorizar la muerte de más de 30 animales. Igualmente, según aquella resolución que no llegó nunca a buen puerto, el control de la especie se organizaría en siete zonas: noroccidental, Palo-Esva, suroccidental, centroccidental, central, centroriental y oriental.
El equipo que ahora lidera Marcelino Marcos Líndez ha confirmado ya que recuperará las batidas de esta especie en Asturias, una vez que el jueves el Congreso sacara al lobo del Lespre a través de una iniciativa parlamentaria impulsada por el PP, pero su propuesta de actuación no la dará a conocer hasta el próximo 10 de abril en el Comité Consultivo del Lobo. Existe mucha expectación por conocer el planteamiento del Gobierno del Principado que, sólo unas horas después de que la Cámara Baja aprobara la Ley de Desperdicio Alimentario, que cancela el estatus de especie protegida al cánido al norte del río Duero, reactivó su plan de gestión convocando a este órgano para aprobar el programa anual que autorizará dónde y cuántos animales podrán capturarse este año y el próximo.
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El Principado de Asturias no es la única comunidad afectada. También Galicia, Castilla y León y Cantabria. En esta última ya se han puesto manos a la obra. La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, anunció ayer que la Dirección General de Montes y Biodiversidad ya está trabajando en la resolución con el número de lobos a extraer y las zonas en las que se llevarán a cabo, que prioritariamente serán en Campoo, el sur de la región y áreas de alta montaña.
En su caso, el plan vigente establece un cupo máximo de extracciones del 20% de la población de la especie en la comunidad que, según el censo cerrado en diciembre de 2024, asciende a unos 200 ejemplares y 23 manadas. Esto es, podrían capturarse unos 40 animales.
El último estudio elaborado de forma conjunta entre el Gobierno de Asturias y las otras tres comunidades afectadas para tratar de demostrar la necesidad de sacar al lobo del Lespre y recuperar el control de la especie en el Norte de España refleja que el lobo ocupa actualmente el 83% del territorio asturiano, y está conectado con el de las autonomías vecinas. También que existen 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, de modo que la población estimada se sitúa entre los 360 y los 405 ejemplares, lo que supondría un crecimiento del 18,4% si se compara con los datos del período 2013-2018, y supone para el Gobierno regional una clara consolidación de la tendencia de expansión de la especie.
En aquel informe, que se pretendía utilizar para cambiar el estatus del lobo y reanudar la aplicación del plan de gestión, se advertía también de que la suspensión de acciones de gestión había incrementado las situaciones conflictivas relacionadas con la especie, como ataques al ganado y mayor sensación de inseguridad entre los habitantes del entorno rural, como así lo constatan los daños registrados por el lobo. De hecho, según informan desde la Consejería de Medio Rural, el Principado abonó 1,5 millones por los daños causados por esta especie en 2024, la cifra más alta desde que existen registros.
Asociaciones ecologistas reprochan al Gobierno asturiano que tenga intención de recuperar las «matanzas del lobo» después de que el Congreso aprobara una ley que rebaja la protección de esta especie y permita su control. «Parece que el Gobierno asturiano, con una celeridad que ya quisiéramos ver para otros asuntos, tiene prisa por recuperar nuevamente las matanzas del lobo y pretende convocar el Comité Consultivo, que anuncia para el 10 de abril. En cambio, no parece tener tanta prisa por tomar medidas legislativas o por perseguir a quienes todos los años prenden fuego al monte y ponen en peligro las vidas humanas a la vez que provocan graves daños ambientales», denunciaron. Asimismo, muestran su «total disconformidad» con lo aprobado en el Congreso y afirman que la pretensión del Gobierno del Principado de volver a matar lobos es «inasumible». «Es necesaria una gestión de los problemas ocasionados por el lobo totalmente diferente, acorde con el conocimiento científico disponible. Reclamamos igualmente un giro radical hacia la racionalidad para aplicar una gestión responsable con el mantenimiento de la biodiversidad», señalan. Lamentan que el Principado de Asturias insista «empecinadamente en la errónea estrategia de matar lobos y ningunea las medidas preventivas». «Cuanto más tiempo se prolongue una estrategia basada en matar lobos en lugar de en medidas preventivas, habrá más daños al ganado y mayor malestar social», opinan. El escrito está suscrito por Coordinadora Ecoloxistad'Asturies, Colectivo Ecologista de Avilés, Prolobos Asturias, Movimiento Liberación Animal Asturias, Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio, Asociación Medioambiental Ecos Astures, Coordinadora Ornitoloxicad'Asturies, Instituto para la Calidad y la Educación Ambiental, Grupo Naturalista Mavea, Plataforma para la Defensa de la Coordillera Cantabrica, SOS Cuideiru, Fridays For Future Asturies, Asociación Nacional de Animales con Derechos, Asociación Medioambiental la Cirigueña, Teachers for future Spain, Ecoloxistes n'Aición y Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza.
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