El Principado analizará la capacidad laboral de 15.000 beneficiarios del salario social

En ella les indicarán que deben acudir «a su oficina de empleo», para analizar su capacidad laboral. «Ahora tenemos 13.300 nóminas de salario social, de las que se benefician más de 23.000 personas. Creemos que 15.000, que tienen entre 18 y 65 años, podrían participar en programas de empleo», explica Paula Álvarez.

La directora general de Gestión de Derechos Sociales rechaza que se trate de una medida de presión sobre los perceptores de la nómina social. «Para tener derecho a ella hay que estar dado de alta como solicitante de empleo», aclara, «por lo que hemos decidido que sea el Sepepa quienes se dirija a estas personas para ofrecerles una salida laboral». Una elección la del organismo laboral que ha llegado «después de muchos meses de trabajo», ya que supone la «coordinación de los servicios sociales del Principado y de los municipales con el Sepepa».

Así «será la oficina de empleo la que analice la situación de la persona y vea si puede entrar en el mercado laboral o si necesita otro tipo de ayudas».

Es decir, revisará su Plan Personalizado de Inserción Social, conocido como 'pepis'. Unas ayudas que pasan «desde formación, para quienes la necesiten, hasta atención sociosanitaria, para las personas que por edad, motivos de salud u otros no estén preparadas para entrar en el mercado laboral». Deja claro Álvarez que «sabemos que hay personas que por edad o situación personal no podrán acceder a un empleo».

Porque lo que sí se mantiene es que «quien voluntariamente no conteste a la llamada del Sepepa o muestre desinterés por las propuestas, verá suspendido el cobro del salario social».

Un triaje el del Sepepa del que saldrán «personas que se puedan incorporar ya a ofertas de empleo, otras que opten a los itinerarios que hemos abierto con las empresas que colaboran con el Principado en la inserción de beneficiarios del salario social, y, también, personas que necesiten apoyo para poder trabajar».

Paula Álvarez señaló que «en caso de formación, se le facilitará el acceso a la misma. Si el problema es carecer de carnet de conducir, se les financiará, y si es conciliación familiar, también se le darán opciones».

En ese último caso, el de la conciliación familiar, la directora de Gestión de Derechos Sociales cree que se abre «todo un nicho de empleo», ya que «en los próximos años necesitaremos 12.000 personas de ayuda a domicilio».

Cree ella que los beneficiarios que declinan una oferta laboral por tener que cuidar de familiares mayores «podrán recibir formación y cualificarse como cuidadores no profesionales».

Lo que sí tiene claro es que el rechazo «no puede llegar por el temor a que por aceptar el empleo pierda el salario social». Porque la Ley de Garantías y Prestaciones Vitales hace «compatible mantenerlo con una nómina por empleo que no supere en seis veces la cuantía de salario social».

Y pone como ejemplo el programa Conec-As «en el que ya participan el 8% de los actuales beneficiarios». Creado para acabar con la brecha digital, supone el contrato «para 25 personas durante tres meses y 30 horas semanales, por 2.700 euros en total». Sin perder el salario social.