«¿Las prácticas tuteladas son para eliminar profesores interinos?»

Uno de los cambios, dijo, será el denominado «periodo de inducción», una fase de incorporación progresiva a la profesión. Consistirá en que los egresados hagan un año de prácticas tuteladas antes de ejercer. Hasta ahí llegaron las explicaciones de la ministra.

Ahora bien, los profesionales conocedores del plan ministerial han aportado más datos a EL COMERCIO. Los titulados harían una prueba de selección (consensuada entre el ministerio y las comunidades autónomas) para acceder a centros de referencia, singulares, donde estarían tutelados y evaluados por un equipo de mentores (tutores, la propia dirección del centro, inspectores...). La intención, subrayan, es que apliquen sus conocimientos didácticos y psicopedagógicos en contextos reales, reciban una potente formación en investigación e innovación educativa y ejerciten bajo supervisión sus competencias docentes. Al final, si superan este periodo, obtendrían una acreditación para ejercer la profesión (en la red pública y privada). No creen necesario un proceso selectivo posterior siempre que haya una buena previsión de plazas acorde con la oferta pública de empleo. Y, si lo fuera, que dicha selección se hiciera por méritos, no por oposición.

Llegados a este punto, ¿qué pasa con el personal interino? De momento, no hay concreción. Las mismas fuentes aseguran que, «para corregir los elevados porcentajes acumulados durante la crisis, deberían arbitrarse medidas para reducir dichas tasas y acompasarse con la incorporación con el nuevo sistema de selección». Eso sí, subrayan, ante todo, que las prácticas tuteladas, «en ningún caso se orientarían a cubrir necesidades estructurales o coyunturales del profesorado».

«Un torpedo a la línea de flotación»

Pero los sindicatos no confían. «¿Este modelo se crea para eliminar al profesorado interino?». Es la pregunta que se hace Tino Brugos, miembro del secretariado de Suatea. «Porque volcar al sistema al personal de este MIR educativo cuando en Asturias un tercio del profesorado no tiene plaza fija me parece un torpedo a la línea de flotación», afirma. Comparte también una pregunta que muchos se hacen: «¿Las prácticas van a ser remuneradas? Ni que decir tiene que espero que sí, que eso no forme parte de la discusión, y que la nueva hornada del profesorado no vaya a pagar la novatada de que se precarice aún más el empleo». Los decanos de las facultades de Educación aseguran que se pagarán. que es una «condición sine qua non», pero el ministerio no ha entrado en detalles.

Otra cuestión. «¿Tan malo es el sistema actual para hacer una medida de este calado? «. Ahora mismo, los estudiantes de los grados de Maestro de Infantil y Primaria de Asturias tienen 44 créditos de prácticas en sus respectivos grados (440 horas) y el profesorado de Secundaria, que debe cursar además un máster, 15 créditos prácticos. A posteriori, al aprobar la oposición, los funcionarios en prácticas se forman durante unos meses (alrededor de seis). «¿Todo esto no vale para nada?», se pregunta Brugos, quien considera, además, que con esta medida «la Universidad sigue en su proceso de elitización y rompe el modelo de igualdad de oportunidades».

«No es un problema de formación, sino de financiación»

En términos similares se manifiesta Borja Lorente, secretario general de Enseñanza del CC OO en Asturias: «Rechazamos cualquier tipo de medida que suponga la sustitución del profesorado interino por alumnado en prácticas y defenderemos con contundencia a los docentes interinos si sus puestos de trabajo se ven afectados».

Desde su punto de vista, «el problema fundamental de la educación en nuestro país no tiene que ver con la formación del profesorado, sino con la falta de financiación» y cifra los recortes en el sistema educativo desde el inicio de la crisis en 60.000 millones de euros.

Es un punto en el que coincide el presidente de Anpe en Asturias, Gumersindo Rodríguez. «El problema de la educación en España no es la formación de los profesores, sino la financiación y la imposibilidad política para ponerse de acuerdo en materia educativa a través de un pacto de Estado», indica. En este sentido, defiende una reforma global, que aborde «tanto los problemas del sistema educación como la situación del profesorado, sin parches» y luego la elaboración y aplicación de una Ley de la Profesión Docente, que regule de manera integral la carrera profesional para hacerla «más atractiva».

Ante toda esta incertidumbre, la secretaria general de FETE-UGT en la comunidad autónoma, Maxi Fernández, resume el sentir general: «Hay que sentarse a negociar. Todo cambio que afecte a las condiciones de trabajo debe ser negociado en la mesa sectorial del ministerio», algo que, insiste, no se ha hecho, y exige a Celaá «una propuesta clara y firme», en la que aclare «las condiciones laborales, quiénes van a ser esos tutores y qué se va a hacer para reducir la interinidad al 8% cuando ahora mismo estamos en el 27% en Asturias. Hay que hablar de todo».