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«Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas; va de universidades buenas contra universidades malas». La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ... Pilar Alegría, ha querido hoy quizás 'matizar' las duras declaraciones que hizo ayer Pedro Sánchez al hablar de «chiringuitos« y »máquinas expendedoras de títulos«. Alegría ha afirmado de forma contundente que en España hay »magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas«. Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la tramitación del decreto que sentará las nuevas bases para la apertura y mantenimiento de universidades privadas en el país. Un decreto que hoy mismo saldrá a información pública y que, al ser tramitado de forma urgente, podría estar aprobado en el mes de mayo.
Es posible que sea la nueva normativa la que deban cumplir los dos proyectos privados ya en marcha en Asturias, la Universidad Europea y la Antonio Nebrija. «A falta de conocer los detalles del decreto, todo indica que la normativa estatal está en sintonía con la exigencia de calidad que ya aplica el Principado a las dos iniciativas que se están tramitando actualmente», explicaron ayer fuentes de la Consejería de Ciencia, que «siempre hemos considerado fundamentales los informes técnicos preceptivos emitidos por la Conferencia General de Política Universitaria». Mientras, la consejería continúa con la tramitación tanto para la Universidad Europea como para la Nebrija, «un proceso en el que ambas universidades podrán acreditar que cumplen los requisitos de calidad que se les exija». Por su parte, la Alfonso X aún no ha presentado nada oficialmente.
Para la Europea, a la que consejería han pedido unas aclaraciones, la cuestión no cambiaría mucho. Se trata de un proyecto de campus que, según ha confirmado EL COMERCIO, ya tenía pensado cumplir con los máximos estándares de calidad que exigieran las Administraciones. El Gobierno de Asturias le había trasladado a sus responsables la intención de exigir el informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria, aunque legalmente no es vinculante. La Europea lo aceptaba. Es más, nunca ha comenzado un proyecto en ninguna comunidad autónoma con un informe técnico negativo. Y, en caso de que en Asturias no hubiera logrado uno positivo, lo hubiera retirado y hecho las modificaciones necesarias.
El prestigio es fundamental para este tipo de instituciones, a las que tampoco les agrada un debate público que habla de «chiringuitos». Si el contenido del nuevo decreto cumple lo que Pedro Sánchez anunció ayer, el campus debería contar además con plazas de vivienda para al menos el 10% del alumnado; un porcentaje mínimo en investigación; otro informe, este sí que vinculante, de la ANECA, y una cifra mínima de 4.500 estudiantes los cinco primeros años, entre otras muchas cuestiones.
Si el contenido del nuevo decreto cumple lo que Pedro Sánchez anunció ayer, el campus debería contar además con plazas de vivienda para al menos el 10% del alumnado; un porcentaje mínimo en investigación; otro informe, este sí que vinculante, de la ANECA, y una cifra mínima de 4.500 estudiantes los cinco primeros años, entre otras muchas cuestiones.
También supondría cambios para el proyecto de un centro adscrito de la Antonio Nebrija en Avilés. Hasta ahora, iniciativas como ésta tenían menos exigencias legales, ya que en teoría vienen avalados por la comunidad a la que pertenece la sede de la universidad. Pero el Gobierno ha decidido exigir también el informe de la Conferencia General de Política Universitaria para ellos.
En cuanto al tercer proyecto del que se habla en Asturias, el de otro centro adscrito de la Alfonso X en Oviedo, nada se ha presentado oficialmente, por lo que no hay ningún expediente en tramitación aún.
El Gobierno del Principado de Asturias se mantiene firme en su intención de exigir la máxima calidad para los proyectos privados, aunque se muestra convencido que tanto la Europea como la Nebrija tienen proyectos para Asturias que nada tienen que ver con esas «máquinas expendedoras de títulos». La Universidad de Oviedo confía en que el Ejecutivo regional haga cumplir esos niveles de calidad.
Es contra esos proyectos contra los que está el Gobierno central. Alegría ha vuelto a ser contundente: «Hablamos de universidades que lo único que tienen de universidad es el nombre». Contra esas «universidades de garaje», término que se usa en Estados Unidos, que dependen de «fondos de inversión que solo buscan el negocio». Proyectos sin «un número claro de grados y con pocos estudiantes». Todo ello, ha dicho Alegría, ya ha sido hablado con las universidades públicas y la Conferencia de Rectores.
«Las Administraciones Públicas tenemos la competencia y debemos garantizar que, ya que las familias en este país invierten muchos esfuerzos y recursos para que sus hijos puedan ir estudiar, que esa universidad cumple unos requisitos de calidad, que el título que reciba cumpla esos requisitos», ha dicho la ministra.
Alegría ha cargado duramente contra la gestión universitaria de la Comunidad de Madrid y ha recordado que «desde 2018 hemos incrementado el presupuesto de becas en un 80%».
Al margen de las privadas, el Principado manifiesta una vez más su apoyo a la Universidad de Oviedo, un apoyo «incondicional e indiscutible», con un contrato programa y la intención de poner en marcha el próximo curso la matrícula gratuita para familias de clase media.
El PP de Gijón insiste. De hecho, no ha cambiado una coma de la declaraciones de la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, al conocer que el Principado exigiría a las privadas el informe ministerial favorable de los técnicos. La portavoz popular lo considera «inaceptable, un ataque intolerable a las ciudades en las que, como Gijón, sus gobiernos respaldan estos proyectos». Si en aquel momento hablaban de Guillermo Peláez, que había anunciado la decisión de ser firmes con el informe ministerial, consideran que la valoración es ahora la misma «pero aplicable tal cual al PSOE en sentido amplio y por supuesto al Gobierno de Sánchez».
Para los populares, la posición de la izquierda es sinónimo de «sectarismo ideológico y falta de respeto a la autonomía municipal».
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