Piden ocho años de cárcel para el bancario cangués acusado de estafar cinco millones

Este 2020 se cumplirán ocho años desde que, en el verano de 2012, se destapase un supuesto desfalco de cinco millones de euros a través de una banca paralela creada en Cangas de Onís por el que fuese director del Banco Pastor de la ciudad, Manuel Mori. Previsiblemente, este será el año en el que la presunta estafa llegue a juicio, un momento que los afectados esperan entre el anhelo de ver por fin a Mori sentado en el banquillo de los acusados y el temor a que nunca lleguen a percibir la totalidad del dinero.

Al exbanquero le acusa ahora la Fiscalía de un delito continuado de apropiación indebida y pide para él una pena de ocho años de cárcel con inhabilitación especial para el ejercicio de actividades profesiones en entidades bancarias, crediticias y de seguros durante el mismo tiempo. Solicitan además una multa de 9.600 euros, el pago de las costas e indemnizaciones para los afectados que superan los tres millones de euros.

Se da la circunstancia que, de los 45 clientes perjudicados, gran parte han sido ya resarcidos por el banco, si bien algunos no han aceptado las cantidades propuestas y otros siguen a la espera de recuperar su dinero, al no contar con toda la documentación requerida. En el amplio listado de damnificados que figura en el escrito de la Fiscalía se dan casos que van desde los 7.000 euros a los 900.000, tanto en euros como en dólares. Además de particulares, se vieron afectados un hotel de la zona e incluso residentes en el extranjero.

Según la acusación del ministerio fiscal, Mori realizó retiradas de dinero de las cuentas de ciertos clientes para entregar las sumas a terceros, tanto ajenos a la entidad bancaria como clientes de la misma. Todo ello «guiado por el ánimo de enriquecimiento propio o de terceros, aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto, sin conocimiento ni consentimiento de la entidad para la que trabajaba y burlando sus mecanismos de control».

Para conseguir el éxito de esa banca paralela se aprovechó, según la Fiscalía, de «la relación de confianza, vecindad o amistad» con los afectados. El exdirector llegó incluso a obtener la firma de los clientes «mediante la presentación del documento en blanco». En algunos casos, las operaciones «las autorizaba con su propia firma y en otras las materializaba sin firma alguna», indican. «Asimismo, recibió de varios clientes cuantías monetarias para su ingreso en sus cuentas bancarias, los cuales el acusado no materializó», abunda el ministerio fiscal.

El acusado afirmó, continúa el escrito, «haber empleado parte del dinero obtenido para su entrega en distintas cuantías a numerosas personas, que han negado tal cosa». Entre los supuestos beneficiarios se encontrarían empresarios del entorno que utilizaron ese dinero para hacer frente a pagos con la Seguridad Social y a «tapar algunos agujeros».

Manuel Mori, natural de Cangas de Onís, fue director de la sucursal entre febrero de 1998 y mayo de 2012, coincidiendo con la fusión con el Banco Popular, entidad que posteriormente fue adquirida a su vez por el Banco Santander. Las prácticas supuestamente irregulares salieron a la luz entonces, tras realizar una consulta un cliente sobre una irregularidad en una de sus cuentas. La entidad apartó a Mori y se puso en marcha una auditoría, que cifró en cinco millones el dinero desfalcado. A lo largo de estos años, el banquero llegó a ser detenido en 2013, si bien fue puesto en libertad. En 2015, el juzgado de Cangas de Onís le impuso además una fianza de tres millones de euros.

Entre los afectados, representados por distintos abogados, lamentan que «en todos estos años no se haya sabido nada. «Dependerá del juicio, pero esperamos que se devuelva todo el dinero», sostienen.

Algunos de los letrados de la acusación apuntan además que el juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial y no antes del verano, se prevé largo dada la cantidad de personas afectadas

La del exdirector del Banco Pastor no ha sido la única presunta estafa registrada en Cangas en los últimos años. Por otro caso, en el que se vio implicado el que fuese agente de Bankinter, ya fallecido, se estimaron unos perjuicios de tres millones de euros. En 2013 la propia entidad detectó las operaciones no autorizadas, por las que fue condenada a devolver el dinero a los afectados.