Ofensiva parlamentaria para abordar la crisis de Cogersa

El Gobierno del Principado ha abierto una investigación interna para determinar quién fue el responsable de tal decisión y depurar responsabilidades, si bien la oposición ya ha apuntado directamente a la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, como máxima autoridad. Le reprochan, además, que ocultara esta información en comisión parlamentaria pese a que ya era conocedora de esta situación y pese a que se le preguntó expresamente por esta cuestión.

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O. V. / A. F. / R. M. / S. N.

La consejera ya ofreció su versión de los hechos en una entrevista concedida a EL COMERCIO y también fue cuestionada por el asunto en sesión plenaria, pero la oposición quiere ahondar mucho más en esta crisis y ha solicitado su comparecencia en comisión parlamentaria, así como la de la gerente de Cogersa, Paz Orviz, y de la directora de organización, Belén Marquínez. Las dos primeras comparecerán a petición de Foro Asturias, quien ha registrado la solicitud «al objeto de que informen sobre la política de contratación de seguros en el consorcio». El portavoz de Foro, Adrián Pumares, también ha solicitado la comparecencia del director general de Calidad Ambiental, Pablo Luis Álvarez Cabrero, para que dé cuenta «de la política general en materia de su competencia y, más concretamente, sobre la gestión de residuos». Por otra parte, desde el grupo parlamentario de Vox, el diputado Gonzalo Centeno Martín ha solicitado la comparecencia ante comisión de Belén Marquínez Mendizábal, directora de Organización de Cogersa, para informar «sobre el área económica que está a su cargo y las acciones en materia de gestión de riesgos».

De esta forma, se espera que las tres comparezcan próximamente en la Junta General y se sometan a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios en relación con la ausencia de seguro de daños en Cogersa y las consecuencias de tal decisión. Desde el Gobierno regional recuerdan que el consorcio dispone de todos los seguros obligatorios y que se ha ordenado ya la contratación de un seguro de daños materiales que se espera que esté en vigor en el primer trimestre de 2025. No obstante, la oposición insiste en que se depuren responsabilidades.