Marta del Arco insiste en que el sistema de tutela funciona y pide perdón por su frase «poco afortunada»

La máxima responsable de Derechos Sociales justificó su silencio por estar la instrucción bajo secreto de sumario, reconoció que «las fugas de menores son una realidad» aunque insistió en desvincularlas de lo sucedido. Además, recordó que fue el Principado quien interpuso la correspondiente denuncia que dio pie a la investigación policial por lo que, defiende, «el sistema funciona, los profesionales detectan, los protocolos funcionan y la coordinación dio sus frutos».

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A partir de ahí, y ante las fuertes críticas procedentes de las diputadas Sara Álvarez Rouco (Vox) y Beatriz Polledo (PP), quienes han llegado a pedir la dimisión de la consejera, Marta del Arco aclaró que su cargo «está siempre a disposición del presidente» y añadió que «mientras el presidente mantenga la confianza en mí seguiré trabajando para mejorar este sistema de protección como lo he hecho a lo largo de toda mi trayectoria profesional con el máximo rigor y compromiso». Reconoció, eso sí, que no estuvo «afortunada» cuando se refirió a lo ocurrido con estas menores en una primera intervención ante los medios de comunicación como «cosas de la vida» dadas las interpretaciones «erróneas» que la frase generó. «Jamás podría justificar, banalizar o frivolizar sobre lo sucedido y denunciado. Un asunto tan abominable, intolerable y extremadamente doloroso para las menores afectadas, para las profesionales que trabajamos con ellas y para toda la sociedad», señaló la consejera, quien a instancia de la diputada popular pidió perdón a quien hubiera interpretado de forma incorrecta aquella frase y aclaró que lo que intentaba decir era que «lamentablemente las agresiones sexuales a los menores se dan en todos los contextos de la vida». «Y vamos a seguir visualizándolo para animar a los menores a que denuncien estos hechos», concluyó la consejera, quien también aprovechó su intervención en la Junta para hacer un repaso de las medidas adoptadas hasta la fecha para garantizar la protección de los menores tutelados por el Principado frente a este tipo de agresiones.