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«El abuso sexual a las niñas tuteladas es algo que pasó antes, pasa ahora y pasará siempre». «Hay niñas en sus casas que pasan por lo mismo que las cinco tuteladas». La primera frase corresponde a los tres jóvenes extutelados que narraron a EL COMERCIO cómo es vivir en un centro de acogida del Principado ... . La segunda, a la gerente del Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado (Copespa), Flor González.
Ellos y ella, en referencia al caso de explotación sexual a cinco menores tuteladas por el Principado que se ha saldado con doce hombres detenidos y uno en prisión provisional. Y los cuatro, poniendo el foco en un problema que va a más, o, si se quiere ver el vaso medio lleno, que va a más su visibilización: la violencia sexual sobre las mujeres.
En Asturias, la apertura del primer Centro de Crisis para Atención a Víctimas de Agresión Sexual en noviembre de 2020 ya lo hizo con lista de espera. Desde noviembre de 2020 hasta abril pasado ya ofreció asistencia a 541 mujeres, de ellas 127 son menores. Y, de nuevo, las adolescentes en primer plano. Tantos casos llegaron al centro que el Principado tuvo que crear un equipo especializado en menores. Abogada y psicóloga para ayudar a reconstruir un cuerpo y, sobre todo, una mente dañada.
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Y los datos el Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia y las Familias coinciden con esa sensación que tienen, en su mayoría, los expertos: los casos entre menores se han incrementado. En 2023, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar tuvo que hacerse con la tutela de 33 menores tras haber sido víctimas de abuso sexual. Un 26% más que sólo un año antes, cuando hubo 26 casos. Con los datos actualizados a abril pasado, la estadística dice que en los últimos dieciséis meses fueron 40 las familias en las que hubo que intervenir porque alguien cercano a la menor había abusado de ella. Más de dos casos cada mes.
Y todo en un año, el pasado, en el que bajó la cifra de menores que pasaron al sistema de protección del Principado. Fueron 752, frente a los 761 de un año antes. Como ocurre ya en las últimas memorias del organismo, el trato negligente es la mayor causa para que el Gobierno regional intervenga en una familia. Hubo 292 casos el año pasado, un 32% más que en 2022, cuando se contabilizaron 220 expedientes.
Y, también como sigue siendo habitual desde la entrada en el siglo XXI, siguen al alza los casos de familias que renuncian a la tutela de su hijo o hija adolescente por no poder controlar su conducta. El año pasado lo hicieron 137 familias. En 2022, 136. Ese nuevo perfil, el de adolescente con problemas de control de la ira, es el protagonista en los centros de acogida a menores. Y eso que el año pasado se duplicaron los casos de abandono literal, con 55 menores abandonados, frente a los 26 de 2022. El daño llega, incluso, antes de nacer. Hubo 33 intervenciones por maltrato prenatal. El triple en un año.
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