Malestar político en Bienestar Social

Sí lo han hecho los cuatro ceses anteriores de otros tantos directores (Trinidad Suárez, Carlos Becedóniz, Jimena Pascual y Joaquín Monteagudo) en un rosario de marchas desde 2019 que engordan un jefe de gabinete y dos jefas de comunicación. Pese a ser la consejería de la que depende el bienestar, ha sido el que dirige Melania Álvarez un departamento con malestar. De todo tipo.

Está el malestar político, con ocho marchas antes del fin de la legislatura; el laboral, con quejas tanto del comité de empresa de la propia consejería como del organismo más potente de todos los que dependen de ella, el de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), y el social, con protestas de los usuarios de geriátricos y familiares (por el blindaje de centros en pandemia), de usuarios de centros de día y familias (por la amenaza de suspensión del transporte), de usuarios de viviendas sociales y de solicitantes de ayudas, entre otros.

Un malestar que tiene un mismo origen y que no está, en contra de lo que el fragor político podría hacer pensar, en el presente de la consejería, sino en el pasado. Haciendo buena la frase de aquellos polvos, estos lodos, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha estallado esta legislatura por unos costados cosidos con el hilo escaso de unos presupuestos y una plantilla insuficiente.

Porque, aunque esta ha sido la legislatura de los récord presupuestarios y Bienestar la cierra con casi 600 millones, una cifra nunca antes vista, aún sigue a años luz de la inversión regional en Salud (2.126 millones) y no ha conseguido equiparse a la de Educación (823 millones). Anticipando la tradicional respuesta defensiva «es que por la sanidad pública pasamos todos», en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar tienen la suya: «y por los servicios sociales, también».

Con 600 millones y una plantilla que se limita a 1.464 funcionarios (más personal fijo discontinuo) tienen que dar respuesta a todas las necesidades de infancia (tutela, guarda y custodia, centros de menores, familias de acogida, adopciones), discapacidad (valoración, centros de integración, residencia, ayudas específicas), dependencia (valoración, ayudas, atención residencial, centros de día, ayuda a domicilio y demás servicios), vivienda (gestión del parque público de vivienda, ayudas a la compra, al alquiler y a la rehabilitación), servicios sociales (gestión de todo tipo de ayudas, como el salario social) y, claro, mayores.

Un mayores que va más allá del apartado residencial, que gestiona el ERA con 2.307 trabajadores, e incluye la promoción del envejecimiento activo y ayudas específicas, así como el concierto de plazas para vivir o recibir terapia. Y un mayores que se ha convertido en el eje sobre el que han pivotado marchas y ceses.

Porque pese a ser Asturias la comunidad más envejecida y la que quiere liderar el reto demográfico, la atención a los mayores, a su grupo poblacional mayoritario, está limitado a una consejería con 600 millones de presupuesto. O, dicho de otra manera, el 25,7% del padrón tiene a su disposición solo el 10% del presupuesto regional.

Un 10% que reparte, además, con infancia, juventud, discapacidad, dependencia y, en general, el resto del censo asturiano, puesto que quien quiera solicitar, por ejemplo, una ayuda para rehabilitar una vivienda, tiene que llamar a la puerta de Bienestar. Si es que aún no cesó.