Los últimos meses de la 'tía Isabel'

Isabel Suárez Arias tenía 85 años y cita para hacerse un escáner en el HUCA y también para ponerse la segunda dosis de la vacuna de la covid. No se despidió ni de sus hermanos ni tampoco de su mejor amiga desde la infancia. Simplemente desapareció de su casa de Grado. Fue una vecina la que le comunicó a su entorno, muy preocupado al no tener noticias suyas, que se la había llevado «la sobrina de Madrid». Nunca más la volvieron a ver. Tampoco pudieron contactar con ella. Esta es la cronología de los últimos tres meses de la 'tía Isabel' -la mujer supuestamente envenenada por su sobrina y el marido de esta- y también la de los acontemientos devenidos tras su defunción.

Arantxa y Luis viajan a Grado y se llevan de vuelta a Isabel a su piso de Rivas Vaciamadrid. No avisan a la familia y desde entonces sus hermanos y resto de sobrinos no logran contactar más con la anciana. En los informes médicos hasta esa fecha solo constaba una operación de cataratas, y cierta sordera. Su entorno asegura que «estaba perfecta de salud, se valía totalmente por sí misma».

Arantxa realiza una consulta telefónica con un centro de salud de Madrid y se le prescribre Quetiapina, un medicamento antipsicótico, para su tía. Refiere que tiene alucinaciones, disociaciones con la realidad e importantes pérdidas de memoria, hasta entonces nunca diagnosticadas por los médicos de Asturias.

La Policía Local auxilia a Isabel «al encontrarla merodeando en solitario por un centro comercial durante más de cuatro horas». Al ponerse en contacto con Arantxa, les responde que la ha dejado allí sola porque tenía que «hacer unas gestiones». Estaba en el Parque Warner con sus hijos.

Varios vecinos de la pareja que declararon ante la Guardia Civil en el marco de la investigación explicaron que durante los meses que la anciana vivió allí escucharon en numerosas ocasiones «gritos, discusiones e incluso golpes secos». Llegaron a llamar en una ocasión al 112 por temor a que «hubiese una agresión». Apuntaron que la anciana utilizaba el aseo del garaje comunitario, que la veían bajar con el neceser y que incluso tenía allí un paquete de pañales.

Arantxa acude con Isabel a un notario para firmar un poder parcial y el legado del testamento: 60.000 euros en el banco, un piso en Grado y seis fincas rústicas valoradas en apenas 129,14 euros. Vuelve poco después para firmar un poder notarial pleno, si bien el notario se lo deniega al comprobar el deterioro cognitivo de la anciana. Visita entonces a un segundo notario que también rechaza firmar el poder total, dado el estado en el que se encuentra ya en esos momentos Isabel.

Llevan a Isabel al centro de salud. Tenía una parálisis facial y problemas en el habla. El médico determina que tiene un ictus y que hay que hospitalizarla. Arantxa le dice que no puede llevarla porque tiene que hacer los deberes con su hijo, por lo que la lleva la cuidadora. Recibe el alta hospitalaria a los pocos días.

José María, el hermano de Isabel, se persona en la Guardia Civil para denunciar que «tenían retenida a su hermana», con la que no podía comunicar desde que tres meses antes se la llevase una sobrina a Madrid. Apuntaba ya ahí un posible móvil económico de la ahora investigada.

La cuidadora de Isabel la encuentra muerta por la mañana, al ir a despertarla. Llama a Arantxa y a Luis, que en esos momentos viajaban hacia Asturias para declarar por la denuncia por la retención de la anciana. Dan media vuelta y a las 9 horas llaman al 112, diciendo, Luis, que «la muerte era esperada». Una médica del centro de salud certifica el deceso. Ese día Arantza transfiere unos 20.000 euros de la cuenta de la fallecida a la suya propia.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Asturias practican la autopsia, dado que existían un procedimiento judicial por la presunta retención de Isabel. Se descarta la existencia de lesiones externas y se envían muestras de tejido para analizar en el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil. Esos resultados tardarán varios meses.

Se celebra el funeral en Las Regueras. Allí se produce una importante discusión entre los hermanos de Isabel y su sobrina Arantxa. Los primeros la responsabilizaron de la muerte de Isabel.

El matrimonio ahora investigado se desplaza a Grado, cambia la cerradura del piso de Isabel y denuncia en la Guardia Civil que «faltaban cosas» de la vivienda.

Llegan a la Guardia Civil los resultados de toxicología de los tejidos recogidos en la autopsia y analizados por Criminalística. Revelan altos niveles de cadmio y metales pesados: 200 veces superior a los niveles normales. Todo apunta a una muerte por envenenamiento.

La Guardia Civil procede a detener a Arantxa Suárez y a Luis Lorenzo y a registrar la vivienda. Localizan 142.000 euros en efectivos (de los que se investiga la procedencia), medicamentos, sustancias desconocidas y pilas manipuladas. Están a la espera de los resultados del laboratorio de Criminalística. Los dos investigados quedan en libertad con cargos tras prestar declaración ante el jueza de Arganda del Rey.

«Observando las pruebas existentes, es parecer de los agentes investigadores de este Grupo de Homicidios que se reúnen los indicios razonables y suficientes para sospechar que se ha cometido un presunto delito de asesinato con una posterior expoliación de patrimonio monetario y patrimonial de la fallecida como posible móvil», concluye la Guardia Civil en el atestado enviado al juzgado.