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Trece años celebraba ayer de su constitución la Unión de Inmobiliarias de Asturias, y con ese motivo celebró una jornada en el Somió Park ... en la que se evaluaron los notables cambios que el mercado inmobiliario ha experimentado en ese tiempo. A la invitación de la presidenta de la unión asturiana, Katia Domingo, respondió el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, que tuvo una intervención nada acomodaticia. De mano, planteó que «los números de obra nueva son preocupantes», algo sobre lo que poco pueden hacer los agentes inmobiliarios, al menos de forma directa, y también expuso que en su opinión «la Ley de la Vivienda ha empeorado el drama social del mercado del alquiler», cuando lo que pretendía el Gobierno de unidad progresista era precisamente proteger a los inquilinos. Explicó Alfaro que dicha ley ha generado «una grandísima inseguridad jurídica» a quienes ponen su patrimonio en alquiler, en particular a los pequeños tenedores de vivienda (particulares que tienen uno o muy pocos inmuebles), de forma que «el 30% del inventario de propiedades en alquiler se ha salido del mercado», y ello «pese a la existencia de compañías que aseguran los pagos. Sin ellas, aún se habrían salido más».
El efecto, paradójico al menos frente a la intención declarada de los legisladores, es que el precio de los inmuebles que se mantienen en el mercado de alquiler se ha disparado, en particular en las grandes urbes, «y ya resulta imposible a nadie en Madrid, por ejemplo, alquilar un piso completo». Y puso ejemplos duros: «en Madrid en dos horas retiramos las ofertas de alquiler, y he visto a agentes llorar por no poder alquilarle pisos a familias».
Alfaro, con todo, mostró que el mercado «abre nuevos escenarios de servicios. en cinco años, los boomers se jubilarán en masa y, con pensiones justas, habrá nuevas oportunidades, como la nuda propiedad, la hipoteca inversa o la vivienda colaborativa».
La jornada la abrieron institucionalmente el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacio; el de Licencias de Oviedo, José Ramón Pando, y el director general de Vivienda del Principado, Jesús Daniel Sánchez. Éste admitió que sobre la Ley de la Vivienda «hay que ser autocríticos» y reconoció que aunque hay voluntad política de «evitar la burocracia», en el Principado «los funcionarios tienen un nivel de carga de trabajo abismal. Aún están con las ayudas al alquiler de 2021 y las de la rehabilitación de 2020».
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