Juristas consideran necesaria una reforma legal para ampliar las sanciones a las conductas de riesgo

Salud quiere evitar las «actividades innecesarias» que puedan dar lugar a más brotes de coronavirus. Y se plantea para ello ampliar el número de supuestos en que una determinada conducta o actuación puede ser perseguida por la Administración, estableciendo asimismo el régimen sancionador correspondiente. El director general de Salud Pública hablaba incluso de considerar delito contra la salud pública cuestiones como «viajes prescindibles» en grupo o reuniones que supongan un claro riesgo por no respetar en ellas las medidas de prevención.

Es una cuestión que rebaten los juristas, que aclaran que esa, la de la tipificación de delitos, es competencia exclusiva del Gobierno central. Lo que sí puede hacer el Principado es sancionar aquellas conductas que considere de riesgo, pero, coinciden expertos en Derecho Administrativo y Constitucional, solo podría hacerlo si modifica por ejemplo la actual Ley de Salud Pública, aprobada el pasado año, para incluir nuevos supuestos y sanciones. «Y eso lleva su tiempo», anota el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Presno Linera, porque requiere de tramitación parlamentaria y aprobación por mayoría simple.

Coincide con él el catedrático de Derecho Administrativo y letrado del Tribunal Constitucional José Manuel Pérez, quien apunta la necesidad de especificar de forma «clara y precisa» los motivos que llevan a incluir esas determinadas conductas entre los supuestos sancionables para una mayor seguridad jurídica. Porque restringir movimientos y limitar reuniones implica tocar «derechos fundamentales». Con todo, a su juicio, las actuales leyes de salud, tanto la nacional como la autonómica, «son lo suficientemente amplias y genéricas» como para sancionar las conductas de riesgo que preocupan a los responsables sanitarios de la región.