Los investigadores creen que Isabel Suárez pudo ser envenenada con pilas

La jueza decretó el auto de libertad con medidas cautelares para Arantxa Palomino y su esposo, el actor Luis Lorenzo, dado que la fiscalía no solicitó el ingreso en prisión. La acusación particular considera, sin embargo, a la vista de diligencias practicadas, que existirían pruebas suficientes para enviar a los dos procesados a prisión, dada la gravedad de las imputaciones y con el objetivo de evitar que puedan destruir otros indicios de valor.

En el atestado de la Guardia Civil remitido al juzgado, documentación a la que EL COMERCIO ha tenido acceso, se recogen numerosas declaraciones de testigos que sirvieron para apuntalar la detención de los sospechosos por el delito de asesinato consumado.

Entre esos testimonios están los de al menos seis vecinos del piso de Rivas Vaciamadrid en el que reside el matrimonio ahora acusado de acabar con la vida de su tía anciana. Todos ellos coinciden al señalar que escucharon continuas discusiones y amenazas de Arantxa «con una señora muy mayor que vivía en su casa» y que esa mujer en cuestión «bajaba a diario a hacer sus necesidades y a asearse en el baño que hay en el garaje comunitario». Los investigadores creen que los acusados no querían que utilizase los aseos de su casa y por ese motivo la obligaban a bajar a un baño comunitario.

Durante los tres meses que Isabel estuvo con su sobrina en Madrid antes de su fallecimiento acudieron a dos notarios distintos para otorgar plenos poderes a Arantxa sobre la herencia de su tía, que constaba de un piso en Grado y unos 60.000 euros en la cuenta. En esas ocasiones ambos fedatarios se negaron a firmar el trámite, dado el «evidente deterioro cognitivo de la señora».

Las investigaciones se centran ahora en averiguar la procedencia del cadmio que los forenses hallaron en el cadáver en niveles 200 veces superiores a los límites normales. Una de las posibilidades que apunta la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y que está pendiente de los informes toxicológicos, es que la sustancia que acabó por matarla procediera del contenido de pilas de uso común. En el registro realizado en la vivienda de los sospechosos los agentes localizaron varios paquetes con pilas sin abrir y otras manipuladas, encima de una tela y rodeados de un polvo blanco. Todas esas sustancias han sido enviadas a los laboratorios.

«Se observa un claro abuso de vulnerabilidad sobre la víctima en situación de múltiple dependencia, desde el alojamiento, comida o cuidados básicos, hasta el propio vínculo emocional, ya que había sido extraída de su entorno familiar y su ciudad de origen para pasar a residir a otra localidad, a una distancia considerable», señala la Guardia Civil en el atestado remitido al juzgado, en el que abunda: «Se confirma el aislamiento de la víctima, al no tener posibilidad de comunicarse con su entorno más cercano».

Isabel Suárez pudo haberse ido a casa de su sobrina en Madrid en contra de su voluntad. Tenía una cita médica en el centro de salud a los pocos días y también estaba pendiente de la vacuna del covid. «Nunca nadie consiguió hablar con ella el tiempo que estuvo en Madrid, su teléfono siempre estaba apagado y su sobrina no atendía a las llamadas», declararon sus hermanos, el resto de sobrinas y sus amigas de toda la vida. No pudieron hablar con Isabel y se enteraron de su muerte por una vecina, que vio a Arantxa en Grado tramitando los papeles de la defunción su tía.

Para entonces hacía varios días que su hermano José María había acudido al cuartel de la Guardia Civil para denunciar que no podía contactar con Isabel, a la que presuntamente tenía retenida una sobrina suya en Madrid. Fue él quien insistió en que se le realizase otra autopsia que acabaría por desvelar los altos niveles de metales pesados que habrían acabado, supuestamente, con su vida.