Los guardas cuestionan la investigación de los fuegos y temen que se pierdan pistas

Roberto Naveiras, guarda forestal, fue el que hizo el llamamiento en las redes sociales. Conoce el incendio que se extendió por Ibias, Allande, Grandas de Salime y el municipio lucense de Negueira de Muñiz. No hay datos oficiales aún pero «pudieron ser 8.000 hectáreas», dice. El especialista observó que en el monte de Paradas, de utilidad pública, el fuego pasó rápido, convirtiendo en ceniza solo la capa superficial. Y aprovechó la ocasión. Colgó un anuncio buscando voluntarios para lanzar una operación de reforestación.

Quince concienciados llegados de La Coruña, Grandas de Salime y Pamplona se calzaron las botas este domingo. Azada en mano, apartaban la vegetación ennegrecida, hacían un agujero de unos treinta centímetros de ancho, y alojaban bellotas de roble «de forma que cuando germine tenga tierra suelta para enraizar». La operación la repetían cada dos metros. «Se suele plantar cada cuatro cuando lo que se busca es el aprovechamiento maderero, pero aquí buscamos un fin medioambiental y con dos metros nos valía», aclara Naveiras.

Entre todos en un par de horas cubrieron media hectárea, 400 bellotas. Cuando se planta un pequeño árbol, caen un 7%. «Aquí se triplicará esa tasa», estima el guarda.

Que el gesto no quede en eso dependerá en parte del Principado. Su portavoz, Guillermo Martínez, explicó que el viernes se dirigió al Ministerio del Interior para solicitar la declaración de zona catastrófica (ahora denominada como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil'). También habló con los vicepresidentes de Galicia y Castilla y León para, juntos, pedir que se les abra el acceso al Fondo Europeo de Solidaridad. Ambos mecanismos prevén descuentos fiscales, ayudas e inversiones para los afectados, si bien requieren que la magnitud de los destrozos sobrepasen de cierta cuantía. «Es muy difícil lograrlo, hay una condicionalidad elevada, pero ha habido casos que sin cumplir los parámetros económicos, se han aplicado», reconoció Martínez. No se le escapa que tras la oleada de incendios de 2015 ya hizo el mismo camino, pero sin lograr los fondos esperados.

Se mueve el consejero, que hoy se reunirá con los alcaldes de los concejos más afectados, pero también los agentes que buscan a los culpables. La Asociación de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (Agumnpa) cree que lo hacen con un brazo atado a la espalda. «El trabajo de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales ha conseguido que ochenta personas sean condenadas por estos hechos, funcionan en grupos de dos guardas y un bombero, pero los están sometiendo», señala Manuel Fernández, presidente del colectivo. Dice que «antes en cuanto veíamos un fuego sospechoso podíamos investigar, dando parte a los jefes, ahora las Bripas solo actúan si los superiores les han comisionado para ello, y no tenemos noticia de que lo hayan hecho todavía para los fuegos del suroccidente». Fernández recuerda que todos los años la Fiscalía emite la misma queja. «Las Bripas están haciendo informes sobre incendios que los jefes no están remitiendo al fiscal, es un filtro anómalo y muy sospechoso que se siga manteniendo pese a la protesta del fiscal».

Sumados los factores Agumnpa lamenta que «se están perdiendo pistas y casos por el camino, y es una pena». «Si a ello agregas que siguen sin renovar el Plan de Protección Civil, y la estrategia de prevención de incendios, resulta todo muy preocupante», apunta Fernández.

La fiscalía está coordinando la investigación de los incendiarios, pero también revisará este asunto. En declaraciones a TPA, la fiscal superior, Esther Fernández, dijo haber requerido al Principado para que le aclare si ya tiene un protocolo integral de prevención, un documento cuya materialización ya solicitó hace un año.