Los fiscales dejan de asistir a juicios por falta de personal y unas normas del siglo XIX

«El número de juzgados a los que el fiscal debe acudir en relación con la actual plantilla hace que no se puedan cubrir todos los servicios», reconoce la fiscal superior, Esther Fernández. En la memoria que resume lo acontecido en 2016 indica que ya «no se asiste a todos» los juicios en esos siete tribunales y que «en numerosas ocasiones se ha tenido que solicitar la suspensión en los Juzgados de Familia por no haber fiscales disponibles para asistir a juicio al estar actuando ante otros órganos judiciales».

En la actualidad la plantilla de la Fiscalía Superior la forman 28 fiscales (incluida Fernández y los abogados fiscales) y cuentan con 27 funcionarios. Es «totalmente escasa», remacha Fernández. Para atender las áreas de Gijón, Avilés y Langreo hay otros 23 fiscales con 17 funcionarios. Salvo en el partido langreano, en ninguno se cumple la ratio de disponer de al menos un empleado público por cada fiscal. Juntos, esos 51 fiscales y 44 funcionarios se enfrentaron el pasado año a un maremágnum de 42.393 procedimientos por delitos. Al margen el Ministerio Público debe atender sus propias investigaciones, y pleitos no criminales, lo que da una idea de la desproporción.

«Al final tienes que dar prioridad a unos temas y dejar aparcados otros. Los delitos leves, por ejemplo, no los registramos en el sistema informático porque no hay gente suficiente. Se supone que los juzgados al menos sí lo harán», comentaba la fiscal superior el pasado junio.

Varios son los factores que están saturando al Ministerio Público. De un lado, está la «carencia de medios materiales y personales», que se arrastra hasta «hacer difícil el cumplimiento de nuestras funciones», recoge la memoria. Existe además una particularidad compartida con el resto de comunidades uniprovinciales salvo Madrid. En ellas no existe una fiscalía específica para atender las causas del Tribunal Superior de Justicia. Esa carga de trabajo recae en la Fiscalía Superior, que debe librarla junto al resto de asuntos de la Audiencia Provincial. La falta de ese desdoblamiento «nos ha cercenado, nos falta un dedo, y desde el punto de vista institucional es un menosprecio al Ministerio Público», comentaba Fernández meses atrás. Sus peticiones al Ministerio de Justicia para crear esa nueva fiscalía asegura que cuentan con el respaldo del resto de colegas del país.

Existe, sin embargo, otra fuente de disfunciones que lastra todo el sistema, y que Fernández detalla en su memoria. La pervivencia de normas del siglo XIX con reformas parciales, está sumiendo a todo el servicio de justicia en un lugar donde lo accesorio consume un tiempo vital, y las causas importantes se dilatan más de lo deseado.

En 2016, por ejemplo, se tramitó el inicio de 35.083 diligencias previas que fueron archivadas «nada más incoarse». «Eso pone de manifiesto el trabajo inútil que se lleva a cabo tanto en los Juzgados de Instrucción como en la propia fiscalía, ya que un importante volumen de trabajo de los funcionarios consiste en el registro de estas causas», describe. Esta tarea afectó al 98,77% de las diligencias previas iniciadas. La reforma del Código Penal de 2015 abría la puerta a que los agentes dejaran de remitir atestados sobre hechos de los que no tenían pista sobre su autor «pero los datos demuestran que no ha sido suficiente».

Los fiscales pasan días sin poder usar el ordenador por averías, narra Fernández, y las investigaciones judiciales en ocasiones se ven dilatadas por falta de peritos, el retraso de las administraciones en aportar documentación, pero también la falta de experiencia de quienes gestionan los juzgados más pequeños. La fiscal superior recuerda que los magistrados que comienzan son los que acaban llevando los juzgados más pequeños, donde atienden todo lo que entran sin poder especializarse en una sola materia.