El 77% de los acusados por corrupción el pasado año acabaron condenados

En materia de corrupción el pasado fue un año en el que la fiscalía tuvo un 46,7% menos de denuncias que investigar, pero un 18,7% de causas judiciales en las que participar. Sugiere un cierto cambio de rasante en la materia. Según expresó hace unos años la fiscal superior, Esther Fernández, en la región existía «una masa de corrupción» oculta que, como la violencia doméstica, fue emergiendo. Tras esfuerzo en pesquisas y gestión de denuncias, el protagonismo pasa ahora a la fase final de los procesos: juicio y sentencia.

La fiscal de delitos contra la administración pública, Esperanza González Avella, señala en su parte de la memoria que en 2016 fueron 71 las causas en los que llegó el momento de presentar escrito de acusación. En el 77,46% de los procedimientos «estas acusaciones remataron con sentencia condenatoria». Es un porcentaje elevado y que apuntala una reflexión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau: «Si hay en este país una barrera ahora contra la corrupción la están poniendo los jueces».

La reforma del Código Penal que el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante en 2015 suscita poco aplauso de la fiscal coordinadora. Según anota, hay «escasas diferencias, consistentes en su mayor parte en un incremento de las penas». Para González Avella «se ha perdido la oportunidad de llevar a cabo una verdadera y profunda regulación de la corrupción que va más allá de la protección de la administración pública, creando un título específico que abarque mucho más que la simple objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, por cuanto la corrupción política socava los cimientos del Estado de Derecho, que ha de ser el verdadero bien jurídico protegido».

Son las reglas y criterios con las que el Ministerio Público aborda un campo en el que tiene tarea aún. Entre instrucciones judiciales y pesquisas propias, la fiscalía gestionó 154 asuntos. La mayoría de las causas judiciales de 2016 eran por supuestos de desobediencia de autoridades o funcionarios (74 procesos, un 13% más que en 2015) y prevaricación administrativa (35 asuntos, un 52% más).

Entre las sentencias cosechadas, recuerda los cuatro años de cárcel que le cayeron a un técnico de la Confederación Hidrográfica por pedir dinero a cambio de hacer informes favorables, o los siete de inhabilitación para el exalcalde de Cudillero Francisco González, por prevaricar.

También se evoca la historia del reo de la prisión al que se condenó por cohecho tras pasarle una nota a un funcionario solicitándole hachís, un teléfono móvil y una botella de whisky a cambio de 1.250 euros. O la de Camilo Montes, exalcalde de Piloña, que aceptó quince meses de prisión por prevaricar, al haber amañado papeles para que una obra pudiera ser costeada con una subvención.

No todo lo que empieza como corrupción lo es. Entre las diligencias sobreseídas, destaca la fiscal la causa contra Agustín Iglesias Caunedo por financiar una revista que le dio un premio, asunto que se archivó. Igual pasó con uno de los procedimientos derivados del 'caso Renedo', en el que se investigó durante años a la Agencia de Consumo tras una denuncia de una trabajadora cuyo contenido finalmente no se demostró.

La Consejería de Infraestructuras, que tiene a un funcionario denunciado por supuesta malversación, fraude y falsedad por la obra de una carretera de Salas.